“Se acreditó una dinámica organizativa coordinada desde la cúpula jerárquica del Escuadrón 1 “Presidencia Roque Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional a cargo de los Comandantes Cristian Daniel Marangón (fallecido) y Julio César Perdaza, jefe y segundo jefe, respectivamente al tiempo de los procedimientos fraguados”, sostiene en sus fundamentos la sentencia dictada por los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia, que integraron los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Fabián Cardozo.
Para los magistrados, los imputados orientaron sus voluntades “hacia la consecución de fines por la exigencia de un mandato que demandaba una estadística más numerosa y efectiva en temas, por ejemplo, de narcotráfico. No hubo acá un catálogo de buenas intenciones, la metodología a la que recurrieron, indudablemente pudo y debió ser absolutamente diferente, pero sin embargo se optó por la ilicitud en todo sentido”, señala el fallo.
Y agregaron que “la primera conclusión a que se arribó en esa tarea de construir la respuesta jurídica fue que la aparente tarea de generar estadísticas por parte de la jefatura del Escuadrón 1 Presidencia Roque Sáenz Peña de Gendarmería Nacional, se erigió como motivo, o excusa para en definitiva llevar a cabo actividades contrarias a toda lógica racional y alejada totalmente de todo canon legal”.
En otro tramo de la sentencia, el TOF apuntó contra la presunta connivencia del exconjuez federal Federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, refiriendo que la repetición de los hechos contaba con un “libreto reiterado para cada ocasión”. En ese sentido, advirtieron que estos hechos “no alarmaron al exmagistrado federal a quién cuando menos correspondía la “noticia” de los supuestos actos de prevención”. Sobre Aranda, precisaron que mantuvo una “obstinada” postura para dar “blindaje” y desligar de las investigaciones a los jefes del Escuadrón, lo que derivó en su apartamiento en esta causa.
Además, instaron al Ministerio Público Fiscal a “ahondar investigativamente” en las consecuencias sobre todo materiales de estos hechos como actos de corrupción ante el “dispendio de recursos” por parte de los gendarmes “puestos al servicio de maniobras operativas decididamente ilegales”. Al respecto, subrayaron que “de innegable factura resultó también la inocultable influencia desde el ámbito judicial, determinante en tan espuria e infundada actividad llevada a cabo por funcionarios de una de las Fuerzas de Seguridad a la que le está encomendada una labor esencial, la prevención de uno de los delitos de consecuencias nefastas en la salud pública.
Los condenados
El exjefe segundo del Escuadrón Nº 1, Julio César Perdaza, fue condenado a cinco años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La misma condena recibió el agente Raúl Scheurman, quién aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y no llegó a la instancia oral que se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Asimismo, los agentes Enzo Aguirre y Julián Morínico recibieron penas de 4 años y seis meses y de 3 años y seis meses, respectivamente. En tanto que un quinto imputado, Brian Corach, fue absuelto por el beneficio de la duda.
Todos los condenados fueron considerados penalmente responsables por los delitos de asociación ilícita, en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionarios público en concurso ideal con incumplimiento de la obligación de promover la represión.
Los roles
Sobre Scheurman, segundo comandante del Escuadrón Nº 1 de Sáenz Peña, los magistrados señalaron que “devino en el elemento que traccionó la mecánica operativa, primero, procurando el material estupefaciente que se utilizó para disfrazar una realidad que, en apariencias, los apremiaba estadísticamente: la baja producción de resultados respecto del tráfico de estupefacientes, contrabando y otras acciones previstas en ordenamientos legislativos de incumbencia federal”. Para los jueces, el accionar de Scheurman “no estaba rayano a la ilegalidad sino que la superaba”.
Junto al antes mencionado, desde el TOF precisaron que Aguirre y Morinico “fueron brazos ejecutores en una categoría de procedimientos a los que en la jerga se denomina “NN” -que en teoría se aplicaría a aquellos en los que no se puede dar con los autores-, en referencia a operativos que “no eran más que una ficción, en definitiva una puesta en escena”.
En ese contexto, la sentencia advierte que no se puede considerar a las recomendaciones internas de Gendarmería Nacional como una “concesión” para llevar a cabo las actividades al y cómo se probó que las realizaron. “Esa suerte de concesión pareció venir más de la mano del magistrado al frente del Juzgado Federal a la época”, reiteraron.
Al respecto, el fallo sostiene que los testimonios de los agentes subordinados mostraron la “inocultable presión que los superiores ejercieron para hacer figurar resultados que mejoraran, al menos numéricamente, la paupérrima performance de los procedimientos a cargo del Escuadrón en aquel entonces”.
“Ese miedo del que antes hablamos, se erigió en un condicionante para manipular voluntades, lo generó el perfil de persona autoritaria y maltratadora que describieron en Marangón varios de sus dependientes, y también en Aguirre”, describieron.
Revista Litigio