A esta novedad en domingo se le anticipó el sábado la certeza de que el joven recibió dos disparos de arma de fuego, que estos disparos fueron realizados “a quemarropa” y, en el caso del tiro mortal, “por la espalda”.
La jueza convalidó la acusación por el delito de “homicidio doblemente agravado” que solicitó el fiscal Sebastián Jure, quien también pidió prisión preventiva de los cuatro gendarmes del Escuadrón 21, La Quiaca, detenidos tras la muerte de Torres, de 22 años, en circunstancias en que iba en su motocicleta de baja cilindrada llevando hojas de coca y turrones y fue perseguido por un móvil de la Gendarmería Nacional.
En la extensa audiencia, el subalférez Alexander Gunther, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Enciso pidieron declarar, mientras que el sargento Walter Alvarez permaneció en silencio.
Este último suboficial viene siendo señalado como el autor de los disparos que provocaron la muerte del joven del pueblo Kkolla. “Él sería el que realizó los disparos y los otros tres son partícipes necesarios del delito”, afirmó el abogado de la familia del joven asesinado, Sebastián Espada.
Sobre las declaraciones en la audiencia, Espada consideró que fueron inconsistentes, “se notaba el encubrimiento entre ellos”, aseguró. Y sostuvo precisamente que “en virtud del entorpecimiento de la investigación y las propias incongruencias”, la jueza ordenó que estén detenidos mientras se investiga el hecho, por un plazo de cuatro meses.
Trascendió que Alvarez tendría un revólver con 15 balas y le faltaban 9, justo la cantidad que se dispararon contra Torres y su vehículo.
La autopsia, realizada el sábado, confirmó que Torres recibió dos balas de arma de fuego. Una dio en la pierna a la altura de la rodilla, y la otra ingresó por el costado perforando el pulmón, lo que produjo la muerte. La peritao de la familia del joven, Silvia Brizuela, dijo que los disparos fueron realizados “muy de cerca”.
“La perito nos informó que a mi hermano le dispararon a quemarropa. Le tiraron dos tiros, uno atravesó su pulmón y causó la muerte, fue un asesinato, un homicidio agravado. Sabemos eso, vamos a hablar con el abogado para que se haga justicia”, dijo el sábado el hermano de Ivo, Gonzalo Alancay.
Ayer, tras la audiencia de control, el abogado de la familia dijo que “la hipótesis de que el joven se haya resistido” o que hubiera habido un forcejo “está descartada porque el tiro que lo termina matando es por la espalda, por eso es la alevosía” como agravante en la calificación legal del hecho.
Asimismo, Espada opinó que la jueza “tomó el caso con la importancia que requiere”. En este sentido contó que cuando informó su decisión sobre la calificación legal y la prisión preventiva, la magistrada “dejó entrever” que no es posible que una fuerza de seguridad actúe de esta manera en una situación en la que todavía no se había comprobado si Torres venía de Bolivia y si había pasado por un paso fronterizo no autorizado.
“Se nota el encubrimiento”
Si bien el abogado de la familia se constituirá formalmente como querellante esta semana y recién podrá ver el expediente y decidir si es necesario solicitar más pruebas, anticipó que serán importantes los testimonios de las personas del servicio de emergencia que intervino en el caso. “Acá se nota el encubrimiento desde un principio, porque tengo entendido que se llama al SAME por un derrape de moto” cuando era por “una persona que recibió un impacto de arma de fuego”, sostuvo. Explicó que “el protocolo del SAME es diferente para un caso o para el otro”.
El abogado también afirmó que la intervención de la fiscalía provincial de La Quiaca fue certera. “La contundencia de la causa tiene que ver con que se pudieron recolectar los cartuchos de bala en el lugar”, indicó. Añadió que la Gendarmería quiso intervenir en la investigación y el Ministerio Público de la Acusación impidió que esta fuerza se encargara de los peritajes. Se supo que el informe de la Gendarmería hace referencia a que se habría realizado un disparo de carácter preventivo.
El cuerpo de Ivo Rodrigo Torres partió el sábado mismo desde la capital jujeña al pueblo de Barrancas, a más de 3.600 kilómetros sobre el nivel del mar en el departamento Cochinoca, donde fue inhumado ayer en la Puna jujeña.
En la espera para retirar el cuerpo de la morgue judicial, referentes de comunidades, de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas acompañaron a la madre del joven asesinado, Reina Alancay, a sus hijos y otros familiares.
“Fue asesinado directamente, tan jovencito, mi hijito, estudiante, era trabajador, me ayudaba. Soy madre soltera, saqué a mis hijos adelante, quiero justicia”, clamó entonces la madre.
La familia y la comunidad del pueblo kolla de la que era parte Ivo Torres desconfían, sobre todo, de las fuerzas de seguridad, sean provinciales o federales. “Tapan todo, porque esto hay (hace señas de dinero con la mano); nosotros los pobres, (quedamos) bajo los zapatos. Ellos se van a tapar entre ellos, eso pasa siempre. Porque los otros que han sido matados, violados, descuartizados en Abra Pampa, hay una chica Cesia, y hasta el día de hoy no salió la verdad nunca. Porque los agentes, gendarmes, policías, ellos tapan todo, no aparece nada, eso me da rabia”, expresó indignada una tía abuela del joven asesinado.
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