“El Congreso debería revisarla y derogarla debido a su inconstitucionalidad”. Eso piensa el catedrático conservador Manuel García Mansilla, ya como candidato formal de Javier Milei a la Corte Suprema, sobre la ley del aborto: que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en el 2020, es ilegal y debería borrarse del mapa de los derechos en el país. La expresión del actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral –vinculada al ala ortodoxa de la Iglesia– es su primera expresión pública desde el 28 de agosto, día que expuso en el Senado como aspirante al Máximo Tribunal en un tono más matizado.
El énfasis de lo escrito por García Mansilla en un libro de reciente publicación choca con lo que respondió a los legisladores en aquella audiencia en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. En su momento ratificó su rechazo al aborto legal –como lo hizo durante el primer debate de la norma, en 2018–, aunque buscó salir de la presión de las preguntas de los radicales y peronistas: dijo que “las leyes vigentes se tienen que cumplir” y se atajó con adelantar cualquier definición suya en un hipotético caso de la Corte: “Cómo fallaría en un caso en particular no se lo puedo decir porque estaría prejuzgando”.
Pero ahora las verdaderas ideas de García Mansilla quedaron expuestas como parte de un flamante libro presentado hace apenas diez días en la Cámara de Diputados –que conduce Martín Menem– y auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (UA): El misterio de la vida y la injusticia del aborto. John Finnis y la inviolabilidad de la vida (editorial Ábaco). La presentación se hizo el 5 de noviembre pasado y contó entre sus oradores a un nutrido número de voces reconocidamente antiabortistas y con resortes en el poder libertario, como el procurador general de la Nación, Rodolfo Barra, y Ursula Cristina Basset, asesora en Cancillería ligada a Karina Milei y Santiago Caputo.
También estuvieron en la exposición en la Cámara baja Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la UA; Eduardo Sodero, juez de Santa Fe; Pilar Zambrano, abogada por la UCA y doctora por la Universidad de Navarra, entre otros oradores que también escriben en el libro. Un fuerte lobby antiabortista que tiene a las universidades de raigambre católica como grupos de presión y usinas de difusión. Sugestivamente, entre los oradores en Diputados no estuvo García Mansilla.
En el compilado de más de 600 páginas que recupera escritos del filósofo del derecho tomista nacido en Australia, el candidato a la Corte del Gobierno firma un texto titulado “La inconstitucionalidad de la legalización del aborto en la República Argentina”. Allí expone que la norma entra en una fuerte contradicción con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Los argumentos de García Mansilla son los mismo que utilizó en otros momentos, con el agregado que ahora es candidato formal a magistrado supremo. No solo señala que explícitamente la norma va contra la Constitución, sino que pide que sea derogada. A su modo adelanta, en caso de ser nombrado juez de la Corte, cuál sería su posición si la IVE se judicializa. Esta postura toma especial relevancia en un contexto global en el que países como Estados Unidos avanzan con iniciativas para revocar el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos y donde, en muchos casos, la Justicia suele tener la última palabra.
En el texto incluso el catedrático va más allá. Aventura que la ley generaría una “industria lícita” sobre el aborto y se acerca a una acusación de asesinato contra las mujeres que harían uso del derecho al aborto –“terminar con la vida de su hijo”, escribe–.
Actualmente el trámite parlamentario de la nominación de García Mansilla, junto con la de Ariel Lijo, está empantanado porque no el Gobierno nunca acordó con el peronismo –que tiene la llave para los dos tercios de los votos necesarios– una estrategia para la aprobación de los pliegos. Tras bambalinas se sabe que Unión por la Patria exigió en la negociación la ampliación de la Corte y la ocupación de un sinfín de vacantes que hay en juzgados federales de todo el país, como publicó elDiarioAR. Esta semana la Casa Rosada iba a dar señales al respecto, pero finalmente no hubo novedades oficiales, muestra de que las conversaciones no tienen aún una salida. La jugada oficialista está contrarreloj porque el 30 de noviembre vencen las sesiones ordinarias del Congreso; por eso Milei coquetea con nombrar a los jueces por decreto.
Letra antiabortista de García Mansilla
García Mansilla empieza su texto apuntando que la sanción de la Ley 27.610 “fue un trámite rápido y sin mayores debates”, pese a que era la segunda vez en dos años que la norma se discutía en el Congreso. Al inicio aclara que su crítica “no depende ni está basada en argumentos de índole moral o religioso”. Ante el Senado, el catedrático negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia.
Según el candidato de Milei a la Corte, la ley del aborto tienen un inevitable destino en tribunales porque en su texto no se contempla “que el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido y protegido en varias disposiciones de nuestro derecho interno a nivel provincial y a nivel federal, tanto en leyes, tratados internacionales, constituciones provinciales, fallos de la Corte Suprema como en la Constitución Nacional”. Al dar detalles de todas esas normativas, carga las tintas contra los legisladores: “El Congreso trató todas estas previsiones normativas como si no existieran”, escribe. El Senado aprobó el proyecto de IVE por 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. En Diputados la iniciativa había conseguido 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
“No hablé sobre toda la ley”, había dicho en su exposición en agosto en la Cámara alta, cunado defendió sus cuestionamientos a la ley del aborto en 2018, puntualmente en el artículo 4 inciso a) del primero proyecto de 2018, que refería sobre la legalización. Pero en su flamante texto en el libro sobre Finnis, García Mansilla apunta contra el grueso del articulado: “La mala técnica legislativa no se agota en no haber expresado qué normas se pretendía derogar. La ley 27610 es notoriamente imprecisa en otros puntos”, dice antes de desarrollar los artículos 1, 2 y, obviamente, el 4.
“¿Es lo mismo despenalizar que legalizar el aborto? No. Despenalizar implica que una conducta que se considera delictiva deja de ser sancionada con una pena en determinadas circunstancias”, apunta el abogado. Y critica la norma porque impulsaría una “industria” abortista: “La legalización implica que esa conducta deja de ser delictiva y pasa a ser aceptada como el ejercicio normal de un derecho. Tan es así que, a partir de la sanción de la ley 27610, el ofrecimiento de servicios de abortos legalizados podría constituir el ejercicio de la llamada ‘industria lícita’ a que se refiere el art. 14 de la Constitución nacional”.
Luego García Mansilla insiste con la contradicción de la ley respecto a tratados internacionales firmados por la Argentina. “Nuestro país jamás se obligó en sede internacional a reconocer un derecho al aborto. Por el contrario, dejó sentada su posición de forma clara y contundente a favor de reconocer una protección del derecho intrínseco a la vida de los niños desde la concepción y hasta los 18 años de edad”, afirma. Y exige que para que la norma esté libre de ser judicializada debe reformarse la Constitución: “Hasta tanto no se reforme la Constitución y se eliminen las referencias tanto a la CDN como a su jerarquía y las condiciones de su vigencia, desde la perspectiva del derecho interno argentino, la legalización del aborto tiene aquí un obstáculo constitucional insalvable”.
Y cuando indica que la IVE choca contra la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4.1. “no permite que la vida de una persona quede librada a la decisión arbitraria de otra”, la califica de un acto próximo al asesinato. Acusa de esa acción al Congreso por su legislación votada y a las personas gestantes que deciden abortar. “El Congreso viola una norma de jerarquía superior al pretender garantizar un derecho irrestricto a terminar con la vida de un niño por nacer, sin expresión de causa, sujeta al libre arbitrio de quien toma la decisión de terminar el embarazo”, se lee en la página 330 del libro. Más abajo García Mansilla agrega: “A partir de la ley 27610, la supervivencia y el desarrollo del niño dejan de estar protegidos por la ley y quedan sujetos a lo que disponga la madre, que no tiene necesidad de justificar la decisión de terminar con la vida de su hijo y puede decidirlo a su voluntad y arbitrio”.
Ya en el apartado de las conclusiones, García Mansilla se despacha contra el Parlamento por supuestamente haberse saltado los límites constitucionales con la ley del aborto: “El Congreso no actuó en el momento de sancionar la ley 27610 como ‘creatura’ de la Constitución, sino como si fuera su creador o dueño, cosa que no puede hacer”.
Es entonces cuando García Mansilla pide abiertamente la derogación de la IVE y la califica de inconstitucional, siendo ya candidato de Milei a la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso debería revisarla y derogarla debido a su inconstitucionalidad”, exige. “Sin embargo, no creo que ello ocurra –advierte rápidamente–: el aborto despierta las pasiones más encontradas y, lamentablemente, una mayoría circunstancial en el Congreso no optó como hubiera debido por una solución que se ajuste a las disposiciones de nuestro sistema constitucional. Por el contrario, aprovechando un momento ciertamente peculiar, eligió tomar partido radicalmente por aquellos que consideran que el aborto debe ser un derecho y una conquista política, sin importar la forma en que se lo consagre”.
En sus últimas líneas, García Mansilla adelanta potenciales trabas judiciales a la ley del aborto y lanza una advertencia velada a un derecho adquirido sancionado, que podría leerse en línea con la llamada batalla cultural que busca llevar adelante Milei, en este caso motorizada por las usinas ultracatólicas que representaría el candidato del Gobierno a la Corte: “[Se] abrió la puerta para muchísimas discusiones y planteos judiciales que obligarán, seguramente, a revisar nuevamente una cuestión en la que aún no se ha dicho la última palabra”.
elDiarioAR