A contramano de los recortes que viene ejecutando en diferentes áreas, el Poder Ejecutivo dispuso por decreto destinar al cupo fiscal del régimen promocional de la economía del conocimiento, una suma de 195.000 millones de pesos, que equivale a un aumento del 30 por ciento sobre la cifra destinada al mismo fin en 2024. Si bien cabe destacar que el respaldo a ese sector es una política de Estado que se sostuvo a lo largo de las últimas dos décadas (Néstor Kirchner la inició a través de la denominada Ley de software), lo cuestionable es la falta de transparencia actual del régimen y la distribución del beneficio.
Aunque no existen cifras oficiales, es conocido que una sola empresa, Mercado Libre (de Marcos Galperin), es receptora de aproximadamente el 20 por ciento de los beneficios que se distribuyen como crédito fiscal a través del régimen. De acuerdo a versiones no desmentidas ni siquiera por la propia empresa, la firma líder en comercio electrónico y pagos virtuales (a través de su filial Mercado Pago) recibió en los últimos tres años una cifra equivalente a unos 250 millones de dólares.
El régimen de la ley de promoción de la economía del conocimiento establece como principal beneficio a las empresas el reintegro de las contribuciones patronales “sobre los empleados elegibles”. Es decir, aquellos que cumplen tareas relacionadas a la actividad promocionada. Dichas actividades son, especialmente, exportación de software, plataformas tecnológicas y biotecnología, dentro de una gama más amplia definida por la ley 27.506.
“Estamos ante un componente del presupuesto público que se define sobre la base de la masa salarial del trabajo promovido. Si aumentan los salarios 2025 vs 2024, las contribuciones patronales aumentan. Y si querés compensarlas con un bono de crédito fiscal, tenes que aumentar el Cupo disponible en el presupuesto (capítulo Gasto Tributario)”, explicó a Página 12 Fernando Peirano, justificando la necesidad de su actualización.
Peirano es economista, especialista en investigación y desarrollo productivo, ex presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la investigación, desarrollo e innovación, dependiente del área de Ciencia y Tecnología (2019/2023, cuando el área tenía rango de ministerio).
Pero el experto consultado también aclaró que “reducir el costo laboral para estas empresas está condicionado a que cumplan con algunas contrapartes: más exportaciones, más investigación y desarrollo (I+D) o más inversión en formación de sus equipos de trabajo. ¿Quién lo está controlando? No hay datos sobre esto”.
Peirano se preguntó también, a modo de sugerencia: “¿No sería bueno que, ante la crisis de las universidades, se refuerce la contrapartida de hacer I+D o formación, contratando a Universidades Nacionales? No lo van a hacer, ni lo quieren hacer, pero está claro que sería un formato posible”.
También consultamos al especialista e investigador en innovación y desarrollo productivo si las dudas sobre la atribución de los fondos no debilita el sentido del régimen. Su respuesta fue:
“El argumento de fondo de la ley de Economía del Conocimiento siempre fue aliviar costos con un régimen tributario especial, para evitar que esas empresas se vayan del país. Ya que, al ser empresas sin anclaje físico, todos los recursos humanos que trabajan remoto pueden deslocalizar actividades con mucha facilidad. Para mí eso no está mal, si cedés algo para ganar, por otro lado, lo mismo o más. Aunque siento que la falta de control y exigencias ponen en riesgo que la fórmula sea positiva”.
A su vez, el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), creado en el marco de uno de los sindicatos de trabajadores de esta industria, la Asociación Gremial de Computación, cuestionó (citado este jueves en el portal Infobae) que esta promoción sectorial se haya convertido en un régimen de concentración “donde unos pocos privilegiados –además, radicados en el exterior y en guaridas fiscales– sacan una ventaja del erario público. Año a año se confirma que los beneficios son adueñados básicamente por un puñado de pocas empresas”, en indisimulable alusión a Mercado Libre y su CEO, Marcos Galperin.
Esteban Sargiotto, director del Observatorio, opinó (en la nota del mismo portal) que “sería lógico que el régimen se reformule, atendiendo a las necesidades de innovación que tiene el aparato productivo argentino, y deje de ser un privilegio del que se adueña una cierta casta de pocas compañías al calor de sus vínculos políticos. Hoy es un régimen poco transparente del que siempre surgen dudas”.
Página/12