El Gobierno Nacional logró cerrar una grieta, pero en su contra, a raíz de la implementación del sistema acusatorio el 11 de agosto. Tal como adelantó Ámbito el lunes, todos los fiscales federales de Comodoro Py firmaron sendas notas en las que advirtieron que, sin planificación ni recursos suficientes, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Capital Federal corre riesgo de fracasar y, por ende, dejar comprometido el rol del Ministerio Público Fiscal en las causas más resonantes. En una nota distinta –pero igualmente dirigida al Procurador interino Eduardo Casal- fiscales del fuero penal económico elevaron su propia misiva en la que buscaron abroquelarse detrás de la Procuración en sus reclamos y enumeraron parte de los problemas urgentes que detectaron.
En las próximas horas, verá la luz un documento de similar tenor que tendrá la firma de todos los fiscales generales que actúan ante los tribunales orales federales. Cuando eso ocurra, todos los actores que deberían empezar a aplicar el nuevo procedimiento en causas penales complejas, dentro de poco menos de tres meses, habrán alzado la voz en contra del modo en el que el Ejecutivo decidió avanzar con el sistema acusatorio de forma “unilateral”. En el fondo, nadie se queja del cambio que implica aplicar un nuevo paradigma en las investigaciones, ya sea porque lo consideran mejor diseñado, o porque lo ven inevitable. Lo que motiva el scrum contra el Gobierno es que toda la saga de implementación apresurada es percibida como un atropello con motivaciones difusas.
Nanzer declaró 4 horas y sigue
Mientras tanto, el subsecretario de política criminal Alberto Nanzer declaró durante 4 horas como testigo, en la causa judicial en la que está imputado el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Hoy deberá volver a los tribunales de Retiro a las 12.30 para continuar su testimonial, que pasó a cuarto intermedio. Hubo momentos de tensión durante su interrogatorio, según pudo reconstruir Ámbito.
Lo primero que ocurrió fue una curiosidad: Nanzer concurrió a Comodoro Py acompañado de una persona que dijo ser asesor “ad honorem” del Ministerio y que se presentó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi como letrado defensor de Cúneo Libarona. Dijo que venía a interiorizarse de la imputación al Ministro y que deseaba presenciar la audiencia testimonial, como parte del control de la prueba. Además, aseguró que al mismo tiempo se desempeñaba en el estudio de los hermanos Cúneo Libarona. Sorprendido, el fiscal Carlos Stornelli consideró que debería ser advertido que si cumplía un rol en la cartera de Justicia podría ser eventualmente alcanzado por una imputación que se derivara de la investigación. El asesor se marchó de inmediato.
Durante las 4 horas, Nanzer fue interrogado específicamente por los fondos presupuestados para la aplicación del Código Procesal Penal Federal y básicamente centró sus respuestas en el oficio que contestó a Stornelli el 25 de abril, cuyas consideraciones eran generales y sobre las jurisdicciones donde ya se había aplicado el acusatorio, con anterioridad. Fueron en círculos cuando se le preguntó por la proyección para Capital Federal e incluso los desembolsos para Mar del Plata, la jurisdicción previa, no exenta de problemas. Deslindó las decisiones políticas sobre el cronograma y la fecha del 11 de agosto en el Ministro y hasta llegó a molestarse al no comprender el objeto de la causa por la que había sido citado. En el juzgado le recordaron que estaba en calidad de testigo para responder preguntas y que no era imputado como para tomar conocimiento de los elementos de cargo.
En el Gobierno tomaron el episodio con el asesor-abogado y la propia citación de Nanzer como un gesto de “amedrentamiento” hacia Cúneo Libarona. Fuentes oficiales le dijeron a este diario que “no cambia nada y la intención sigue siendo a partir del 11 de agosto implementar el código acusatorio en Comodoro Py”. Por lo bajo, en otros sectores del oficialismo, empieza a especularse con blandir bandera blanca antes del desgaste de un múltiple pedido de informes –que involucre los fondos de Naciones Unidas- y un eventual llamado a declaración indagatoria.
Los TOF también se quejaron
Durante el supermartes de acción, los jueces de los Tribunales Orales Federales concurrieron en pleno a la Cámara de Casación Penal para plantearle a su presidente Daniel Petrone una serie de quejas que tenían atragantadas desde que tuvieron, hace dos semanas, una reunión con el propio Cúneo Libarona. Básicamente le dijeron que no pensaban quedar subsumidos jerárquicamente a la Cámara Federal y que no pensaban actuar como “homologadores” de acuerdos por penas alternativas que vinieran en paquete cerrado desde primera instancia. Esperan que sea Casación la que lleve la voz cantante por la superintendencia del edificio de Comodoro Py 2002 y sus dramas edilicios.
Los fiscales en pie de guerra
En términos formales y siempre ponderando la intención de aplicar el sistema acusatorio como un modelo beneficioso para la celeridad y eficiencia de las investigaciones penales, resaltaron la unilateralidad de la decisión y la falta de coordinación, sin diagnóstico adecuado por parte del Gobierno. Calificaron de “apremiante” la situación y pusieron énfasis en los plazos que impone el nuevo Código, en otras palabras, incumplibles en las condiciones de personal, infraestructura y recursos tecnológicos.
Pusieron de ejemplo la extracción forense de celulares, con turnos que varían de 3 a 6 meses de espera o búsquedas para analizar información digital que puede llegar a los 18 meses de demora. Exhibieron la precariedad del hardware con el que trabajan y las limitaciones para actuar en el entorno virtual, sumado a la ausencia de cuerpos periciales para dar soporte a las investigaciones. “Todas estas carencias estructurales y operativas -vinculadas a la falta de recursos humanos, técnicos y materiales- impactan directamente en el plazo de los procesos, por razones que resultan completamente ajenas a la responsabilidad de este Ministerio Público Fiscal, sin embargo, no puede dejar de señalarse que el propio Código Procesal Penal Federal establece que su incumplimiento puede ser considerado causal de mal desempeño de los magistrados”, alertaron. Firmaron todos los fiscales de primera instancia de Comodoro Py: Gerardo Pollicita, Paloma Ochoa, Carlos Stornelli, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Guillermo Marijuan, Alejandra Mángano, Franco Picardi y Ramiro González.
La otra carta firmada por el fuero penal económico tiene una sutileza. Contiene un respaldo explícito a Casal y sus reclamos previos al Ejecutivo por el presupuesto recortado previo, incluso, al anuncio del acusatorio en Py. Solicitan que haya un traspaso de personal y que se capacite a personal de organismos auxiliares de la justicia e hicieron foco en la ausencia de conectividad y recursos de ambos edificios de Retiro donde funcionan las fiscalías. Germán Bincaz, Claudio Navas Rial, Jorge Dahl Rocha, Pablo Turano, Gabriela Ruiz Morales, Emilio Guerberoff y Marcelo Agüero Vera suscribieron la misiva. Pero también lo hizo el fiscal Gabriel Pérez Barberá y José Luis Agüero Iturbe, que hoy es fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Py.
Tambien firmó Diego Velasco, titular de la Procelac, la Procuraduría a cargo de las causas de lavado de activos. En el edificio de Inmigrantes escudriñan que entre líneas también existe una pelea de poder por los cargos más relevantes en la nueva estructura y que en las últimas horas hubo mensajes velados contra Casal que buscan forzarlo a tomar posición con la definición de nombres para las posiciones estratégicas. Una mamushka de internas.
Cabeza de playa
Por lo bajo todos ruegan que Casal –luego de juntar masa crítica con los escritos de todos los fiscales federales tras haber hecho cabeza de playa con los tres fiscales de Casación Raúl Pleé, Mario Villar y Javier De Luca- analice encarar un reclamo diplomático al Poder Ejecutivo para aplazar la fecha y patear todo para el 2026. Sobre todo, si la Corte Suprema se declara prescindente en el conflicto. Bajo la superficie, algunas fuentes judiciales mencionan que en el Palacio de Tribunales se está maquinando una suerte de plan de contingencia que avale un traspaso voluntario de personal desde el Poder Judicial al Ministerio Público que ayude a balancear la diferencia de 5 a 1 que hoy existe. No hay garantía de que funcione. Es difícil pensar que la Corte pueda dar una solución integral: ya tuvo que salir en auxilio de Mar del Plata. El Consejo de la Magistratura debió poner el dinero para acondicionar el desembarco del acusatorio, y para eso, tomó deuda con la propia Corte.
Como si se hubiese tocado una fibra sensible, este martes salieron a la red social X diferentes referentes políticos en el Congreso a alertar que el Gobierno pretendía implementar una reforma judicial sin la asignación de fondos, lo que la llevaría al fracaso. No llamó tanto la atención la sincronía como la transversalidad del reclamo público. Ámbito ya había mencionado que la política se había percatado tarde que el Ejecutivo le había arrebatado al Congreso la Bicameral de Implementación y con ello la fijación del cronograma. Cierto es que los diputados de Unión por la Patria más identificados con Sergio Massa salieron al cruce del Gobierno con mensajes de alerta, pero lo mismo viene haciendo el senador de la UCR Maximiliano Abad. Detectaron que si el Gobierno quiere usar a Comodoro Py en la campaña podría convertirse en un tema búmeran y arrastrar el asunto a otro plano de discusión.
Ambito