Los representantes de los funcionarios del Ministerio Público no rechazaron el nuevo esquema pero advirtieron que se debe implementar una “adecuada estrategia de transición y de previsión de recursos”.
“En este modelo -aclararon-, los procesos son más transparentes y ágiles, ya que se construyen en base a audiencias públicas y orales, presenciadas en su totalidad por los jueces, en donde las partes exponen las evidencias obtenidas con métodos científicos, en un ámbito de respeto pleno de las garantías y los derechos de las personas”.
No obstante, la AFFUN advirtió que “el nuevo mecanismo no sólo requiere cambios estructurales en el Ministerio Público Fiscal, sino que además es esencial rediseñar la gestión profesional de los jueces, quienes adoptan un rol totalmente diferente”,
Además, los fiscales reclamaron que para instalar el nuevo sistema penal se deben construir salas apropiadas, con el equipamiento y los recursos tecnológicos necesarios.
Desde incluso antes de su asunción Cuneo Libarona incorporó como punto central de su gestión ir hacia el sistema acusatorio en el corto plazo, para quitarle la conducción de las investigaciones a los jueces y trasladarla a los fiscales.
La modificación se aprobó durante la segunda gestión presidencial de Cristina Kirchner y comenzó a aplicarse de manera gradual hasta que el triunfo de Mauricio Macri detuvo la implementación; hoy solo se aplica en las provincias de Salta y Jujuy.
No obstante, los jueces federales y nacionales tienen hoy la potestad de delegar la investigación en los fiscales, pero esta es una decisión discrecional del juez y no un esquema de trabajo como pretende el flamante ministro de Justicia.
Planteadas las objeciones, la AFFUN, presidida por Ricardo Toranzos, aclaró que las preocupaciones planteadas “en modo alguno pretende interferir en la función gubernativa del Estado, ni mucho menos opinar sobre quién debe ser el magistrado que lleve adelante la implementación o la evaluación de las necesidades del sistema acusatorio”.
“Por el contrario, como asociación, pretendemos ponernos a disposición de las autoridades políticas y judiciales, para colaborar y acompañar cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un mejoramiento de la función judicial, y en particular de la tarea de los fiscales”, concluyeron.
Télam