La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado por una orden del Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. La Justicia ordenó allanar el centro de salud, donde secuestraron historias clínicas ante las sospechas de irregularidades con la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.
Durante el operativo, realizado el pasado 8 de agosto, se incautó el historial médico de los pacientes internados allí desde el 1 de abril hasta el día del allanamiento. La decisión se tomó luego de que se determinara que la clínica había notificado cuatro casos de ampollas contaminadas cuando se habrían usado 1.693.
Previo al operativo, la dirección del instituto privado no había respondido a la solicitud del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de la documentación completa, y no solo de los cuatro pacientes que se informaron como infectados con el fentanilo de uso clínico, uno de ellos fallecido. Todos fueron tratados con ampollas del Lote 31202, producidas el 18 de diciembre de 2024 por el laboratorio HLB Pharma Group SA.
Según informó Noticias Argentinas, las autoridades del hospital no pudieron demostrar la disparidad entre los casos de pacientes a los que se les había administrado el opioide que informaron y la cantidad de dosis que se utilizaron, motivo por el cual se concretó el allanamiento.
La clínica, ubicada en la ciudad de Córdoba, había estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas en medio de la investigación por el medicamento contaminado porque uno de los intoxicados con fentanilo es Giovanni, un bebé nacido por cesárea el 26 de abril.
Giovanni fue sedado con el medicamento tras padecer complicaciones respiratorias y evitar que “compitiera con el respirador”. Pero durante su primera semana de vida, dio positivo para la bacteria Klebsiella, una de las dos detectadas dentro de los envases de fentanilo del laboratorio HLB.
Claudio Pereyra Sueldo, director médico de la clínica Vélez Sarsfield, declaró a Mitre Córdoba que el establecimiento adquirió unas “1.100 ampollas”. Pero, según la documentación judicial, serían 1.702. De esa cantidad, el centro de salud habría administrado 1.696 dosis y 6 quedaron en stock luego de que la ANMAT prohibiera su uso el 11 de mayo de este año.
El juzgado quiere establecer exactamente a qué pacientes se les aplicó el fentanilo contaminado, si es que el número es mayor al informado, y cuál es su estado de salud. Los investigadores especulan que, si las dosis se aplicaron en la clínica de Córdoba, es posible que la cantidad de infectados y fallecidos sea mayor. Otra de las posibilidades es que la medicina no haya sido utilizada y desviada al contrabando.
La causa judicial, a cargo del juez Kreplak, busca determinar la responsabilidad de las autoridades y los profesionales de HLB Pharma, el Laboratorio Ramallo y otras nueve empresas vinculadas. Aunque hasta el momento no hay acusaciones formales, hay 24 sospechosos, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios.
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