El camionero que mató a la joven en un siniestro vial en 2024 fue condenado a cuatro años de prisión, pero aguarda sentencia firme en su domicilio de Santa Fe. En declaraciones a CIUDAD TV, la madre y la hermana de la víctima denunciaron que ni siquiera está usando la tobillera electrónica ordenada por la justicia.
Dos navidades, dos años nuevos sin Gabriela. Así describen el tiempo transcurrido Liliana Maidana y Carla Villordo, madre y hermana de la joven que perdió la vida en un siniestro vial en 2024, cuando un camionero cruzó un semáforo en rojo y la embistió sin frenar. El caso llegó a la justicia, hubo condena, pero el condenado sigue en libertad y la familia no descansa. “Sentimos que Gaby tampoco descansa porque hasta el momento no se hizo justicia por su muerte”, dijo Carla.
El 19 de diciembre de 2025, la jueza interviniente dictó sentencia y encontró culpable a Daniel Alberto González, imputado por la muerte de Gabriela. La pena fue de cuatro años de prisión efectiva. Sin embargo, como la sentencia aún no está firme —la defensa presentó un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia—, la magistrada le concedió al condenado el beneficio de aguardar en su domicilio de la provincia de Santa Fe. Fue una decisión que la familia nunca aceptó. “Este hombre salió culpable, la jueza lo encontró culpable, con pruebas, con videos, y es algo injusto que él siga gozando de libertad”, manifestó Liliana Maidana, la madre de Gabriela.
La situación empeoró el 19 de febrero, cuando se realizó una audiencia de control del cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado. Uno de los requisitos era el uso de tobillera electrónica para monitorear su paradero. Ese día se constató que González no la llevaba puesta. Tanto el fiscal Sergio Cáceres Olivera como la querella solicitaron su detención inmediata, pedido que fue rechazado por la justicia. “No se puede hacer más que eso si la misma es rechazada cada vez que se solicita”, explicó el abogado de la familia según relataron las entrevistadas.
La preocupación de Liliana y Carla no es solo jurídica. González reside en Santa Fe, fuera de la jurisdicción provincial, en un pueblo donde, según describió Carla, “todos se conocen y seguramente en más de una ocasión se van a omitir algunas cosas”. La posibilidad de que el condenado eluda el control o directamente se fugue es un temor concreto que la familia no puede sacarse de encima. “No estamos seguros nosotros”, admitió Carla.
La condena se apoyó en pruebas contundentes: tres testigos presenciales —dos de ellos sobrevivientes del siniestro y uno que se presentó voluntariamente a declarar—, y las imágenes de cámaras de seguridad que muestran con claridad que el camión cruzó con el semáforo en rojo sin frenar en ningún momento. Con todo ese respaldo, la familia considera incomprensibles los argumentos de la defensa, que además de recurrir la condena pide que le restituyan al imputado el carnet de conducir. “Me parece ilógico los fundamentos que manifiesta la contraparte. Hay evidencia, hay pruebas de que el condenado es más que culpable”, señaló Carla.
Así, la familia aguarda que el STJ defina el recurso de casación presentado por el condenado y que deje firme la condena. “Que lo antes posible haga cumplir lo que él cometió, porque él actuó sin importar la vida que podía llevar por delante, y yo creo que no es justo para mi hija”, concluyó Liliana.