Como anticipó LPO, la tasa superó los 9 puntos, muy por encima del 6,5% que había prometido el ministro de Economía Luis Caputo; y bastante por arriba de las tasas que pagaron Santa Fe y CABA para tomar montos similares.. No hubo mercado internacional, apenas jugadores locales, presionados para que compren el título.
El épico “regreso” a los mercados internacionales de deuda que promocionó Toto Caputo y una parte de los medios compraron con entusiasmo tuvo gusto a poco. Como anticipó LPO en exclusiva, la tasa se ubicó por encima del 9 por ciento, muy lejos del 6,5 por ciento que el ministro de Economía vendió cuando anunció la operación.
Pero además, pese a los endulzantes y telefonazos que el Palacio de Hacienda le metió a la operación para que bancos, aseguradoras y empresas locales le compren el título, la cosecha fue magra: Gobierno apenas USD 910 millones. Economía aspiraba a juntar un mínimo de USD 2.000 millones, casi la mitad de los vencimientos que deberá afrontar en enero.
La emisión se vendió como el histórico retorno de Argentina a los mercados voluntarios de deuda. Excepto que no ocurrió. El papel quedó en manos domésticas: bancos y aseguradoras que entregaron sus argendólares.
La operatoria tuvo tres patas. La primera fue la habilitación explícita a aseguradoras para que subieran ofertas con dólares propios. El Ejecutivo autorizó mecanismos para que esas entidades usaran recursos que, en muchos casos, provienen de emisiones corporativas recientes; la puerta quedó abierta para que los dólares “saltaran” dentro del sistema financiero y se transformaran en demanda del bono.
Desde el resultado electoral, empresas argentinas aprovechando el rebote de confianza levantaron más de USD 3.000 millones en emisiones en el exterior. Esos dólares entraron al circuito financiero y alimentaron la oferta que, en parte, terminó siendo reutilizada en la colocación del Tesoro. No fue una llegada orgánica de inversión externa, fue una reconfiguración del flujo entre corporaciones, bancos y aseguradoras
La tasa se ubicó por encima del 9 por ciento, muy lejos del 6,5 por ciento que el ministro de Economía vendió cuando anunció la operación y bastante por arriba de las tasas que pagaron Santa Fe y CABA para tomar montos similares.
Además, a las compañías de seguro y las ART les ofreció poner en caución los bonos que les encajó el albertista Martín Guzman. De esta manera podrían mejorar el rendimiento de su anterior instrumento.
La segunda pata fue la liberalización parcial de ciertas restricciones cambiarias cruzadas. Al eliminar trabas que condicionaban el acceso al dólar oficial cuando se compraban dólares financieros, el Gobierno amplió la posibilidad de que personas y bancos operen en el mercado secundario de esos bonos sin tope administrativo. Es decir: más profundidad para el secundario, con el efecto práctico de facilitar ventas entre actores locales.
La tercera fue la promesa a los bancos de bajar los encajes a cambio que compraran el bono.
Hay un dato que explica por qué pese a todos estos incentivos, la tasa fue tan alta: el bono salió bajo legislación local. Ese detalle no es cosmético. Para un inversor, la ley local implica riesgos adicionales y, por eso, exige un premio mayor. Es la razón por la que una comparación simple entre cupones nominales puede resultar engañosa.
En la narrativa oficial el cupón anunciado fue del 6,5% y la promesa pública fue “menos del 9%”, tal como afirmó Toto Caputo justo un día antes, cuando empezó a acomodar el discurso. En la práctica, el rendimiento efectivo y la tasa de corte quedaron en niveles distintos y eso alimentó las críticas en la plaza. Analistas como Christian Buteler advirtieron que la lectura optimista del Gobierno no se condice con el costo real del endeudamiento y con la fragilidad de las reservas.
El resultado fue una emisión costosa, que luce más como un manotazo de liquidez que como un gesto de confianza del mercado. La señal es clara: mientras provincias y empresas logran financiamiento más barato y a plazos largos, la Nación paga caro y a corto plazo por un crédito doméstico que se vendió como “histórico”.
En definitiva, tampoco fueron USD 1.000 millones. Como el Tesoro colocó bajo la par, al 91%, recibe USD 910 millones, como señaló Buteler.
Hace apenas una semana, la provincia de Santa Fe colocó USD 800 millones a nueve años con una tasa del 8,3%, y en noviembre la Ciudad de Buenos Aires había hecho lo propio por USD 600 millones a siete años, al 7,8%. En cambio, el Tesoro nacional sólo logró colocar USD 1.000 millones a cuatro años y pagó 9,26%.
El otro espejo incómodo es el Bonte 2030. Hace seis meses el Gobierno lanzó aquel instrumento que, como en este caso, se suscribía en dólares. Incluso consiguió cifras más favorables para el Tesoro que la actual. En aquella oportunidad se consiguieron USD 850 millones a pagar en pesos en el tres años con una tasa del 29% anual.
La Política Online