La iniciativa sancionada en el recinto legislativo declara de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación a la Parcela 1, que se constituye de una superficie de 580 hectáreas, con el objetivo de asignar el inmueble al destino final de los residuos sólidos urbanos. Y establece que la partida presupuestaria para ese fin deberá especificarse en el Presupuesto General de la Provincia.
La diputada radical Doris Arkwright obró de miembro informante del proyecto para “la ampliación en zona de María Sara, para ampliar el basural”.
El argumento de peso se relaciona a que hoy, el Basural Único Municipal “está colmado, repleto”. Señaló que el proyecto cuenta con “todos los informes necesarios”, radicados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y recalcó que “la idea es habilitar este espacio para generar también una planta de reciclaje de basuras que se va a clasificar de acuerdo a su composición”.
Desde el Frente Grande, la diputada Tere Cubells, remarcó que “atento al destino que se le quiere dar a este inmueble cabe como mínimo un análisis de estudios ambientales”. Tras marcar esta situación, adelantó su voto por la vuelta a Comisión.
También tomó la palabra el legislador del Partido del trabajo y el Pueblo (PTP) Rodolfo Schwartz, quien señaló que “son 600 hectáreas para el de la basura”. Puso sobre relieve que una de las exigencias en general para el tratamiento de este tipo de proyectos es el despacho de la Comisión de Hacienda y recordó que, por la falta de ese despacho, con anterioridad, el Cuerpo legislativo volvió a Comisión “una expropiación para 24 familias que tiene más de 5 años”.
También coincidió con la diputada Cubells en la necesidad de contar con un informe, un estudio de impacto ambiental y dijo que “falta el fundamento técnico para esta propuesta”. “No estoy de acuerdo que se lo trate de esta manera”, sostuvo.
Desde el Frente Chaqueño, la diputada Pía Cavana destacó que, si bien comparte los fundamentos vertidos por diputados preopinantes de su mismo espacio, “en la Comisión de Asuntos Constitucionales se marcaron ciertas pautas que se viene respetando. Venimos realizando un trabajo que considero serio y chequeando informes. Este proyecto ya estuvo en temario y se debió saldar un error. Obran los informes correspondientes de Catastro, del Registro de la Propiedad Inmueble y de los municipios implicados”, dijo y adelantó: “En mi caso acompañaré el proyecto de ley por estas razones”.
El justicialista Rubén Guillón, planteó cuatro interrogantes dirigidos a la miembro informante. Pidió explicaciones sobre la demora de 12 años para el tratamiento de este proyecto, “habida cuenta de la importancia que se le da ahora”. Advirtió la diferencia en el propietario de las parcelas en cuestión y pidió explicaciones también sobre esto. Solicitó se le informe si realmente el proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental y si se solicitó o no la estimación, “el costo de la tasación del predio”.
La diputada Arkwright respondió que “con respecto al propietario, actualmente tenemos el informe de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble” que marcan este cambio de propietario al que hizo mención el diputado preopinante. Señaló que, además, “están los estudios de APA correspondiente a todo lo que sugiere y van a trabajar Municipio, APA y la Subsecretaria de Territorio del Gobierno provincial. Está trabajado el expediente”. Respecto a los años de estancamiento del proyecto, señaló: “Es viejo, de muchos años y no sé por qué antes no se pidió que se mueva ese expediente. Hoy por hoy, está colapsado el basural y se necesita porque también se quiere hacer la planta de reciclaje”.
Dicho esto, el diputado Guillón pidió que quede constancia que la miembro informante “no supo explicar por qué estuvo frenado 12 años, si se requirió la tasación de la Junta de Evaluación y el estudio de impacto ambiental”.
Posteriormente, la diputada del CER Griselda Ojeda adelantó el voto negativo del bloque. “No formamos parte de Constitucionales, para nosotros se necesita estudiar un poco más en profundidad. No tenemos la información de la demora de esta expropiación”, argumentó.
Por último, la diputada justicialista Analía Flores, llamó la atención también por la falta de opinión de sectores ambientalistas “siendo que estamos por aprobar una ley sobre residuos sólidos urbanos, tema delicado y complejo”. “No sé si cabe que vaya a la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. No voy a acompañar este proyecto”.
En la votación, de 30 diputados presentes, 20 votaron a favor para su sanción y 10 se inclinaron por la vuelta a Comisión.