Los antiguos comandantes del Ejército y la Aeronáutica acusaron al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, de intentar un golpe de Estado y confesaron que buscó convencerlos para que se embarcaran en su aventura autoritaria, según divulgó este viernes la prensa local.
Marco Antonio Freire Gomes y Carlos Baptista Júnior, exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea, declararon a principios de mes ante el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF), pero no fue hasta este viernes que varios medios brasileños tuvieron acceso a sus declaraciones. Ambos colocaron al líder ultraderechista en el centro de la investigación sobre la trama que pretendía anular las elecciones presidenciales de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.
Las acusaciones
Freire Gomes declaró que Bolsonaro convocó a la cúpula militar varias veces antes de dejar el poder, para presentarles diversos instrumentos jurídicos con el objetivo de impedir la investidura de Lula, que tuvo lugar el 1 de enero del año pasado. Siete días después, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de llevar a los militares a derrocar al Gobierno. Por ese episodio ya fueron condenadas a prisión 131 personas.
Gomes y Baptista Júnior se posicionaron “de forma contundente” contra los planes de Bolsonaro, e incluso el primero amenazó con detener al entonces jefe de Estado en caso de que siguiera adelante con su idea de atentar contra el régimen democrático, según declararon. Bolsonaro solo encontró el apoyo del entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, señaló Gomes.
Baptista Júnior afirmó que participó en más de cinco reuniones tras las elecciones de octubre de 2022, que tuvieron lugar en el Palacio de Alvorada, residencia oficial de la Presidencia en Brasilia. En esas reuniones, el exmandatario, con la colaboración de sus asesores más próximos y de su ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira, intentó seducir a la cúpula militar para que se sumara a su cruzada golpista.
Para ello, les planteó activar diversos dispositivos constitucionales, como una intervención militar bajo el pretexto de una supuesta grave perturbación del orden público, o un decreto del Estado de sitio para investigar la legalidad del proceso electoral de 2022. Este último escenario contemplaba el cierre de facto del Tribunal Superior Electoral, responsable de los comicios en Brasil y objeto de frecuentes ataques de Bolsonaro, que lo considera un órgano al servicio de Lula.
Esos planes golpistas quedaron reflejados por escrito en diferentes borradores de decretos presidenciales que las autoridades encontraron en el transcurso de las diligencias. Uno de ellos fue encontrado en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres y otro en el gabinete que tiene Bolsonaro en la sede del Partido Liberal (PL), su formación política, en Brasilia. Gomes mencionó que, en una de esas reuniones, Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, dijo que uno de esos borradores estaba “en estudio” y que les iría informando sobre la evolución del plan.
La situación de Bolsonaro
El exjefe de Estado, hiperactivo en redes sociales como Donald Trump y Javier Milei, no se pronunció sobre las declaraciones de los antiguos comandantes del Ejército y la Aeronáutica, que llenan de incertidumbre su futuro. Ajeno al escándalo, este viernes estuvo en Saquarema y Maricá, en el estado de Río de Janeiro, su cuna política, donde fue recibido por decenas de sus fieles, según publicó en la red social X. Este sábado está previsto que participe en el lanzamiento de la candidatura para alcalde de Río del diputado Alexandre Ramagem, investigado en el Supremo por espionaje ilegal durante el Gobierno bolsonarista.
El Supremo le impuso medidas cautelares a Bolsonaro. Precisamente el pasado 8 de febrero, le confiscó el pasaporte, le impidió abandonar el país y le prohibió entrar en contacto con otros investigados. El exmandatario ya fue citado a declarar, si bien optó por guardar silencio y dejó en manos de su defensa la declaración ante los medios en la que negaba que existiera cualquier tipo de trama.
Si la Policía viera indicios de delito, presentaría cargos contra el ultraderechista ante la Fiscalía, que entonces decidiría si formula una denuncia formal ante el alto tribunal. El STF analizaría después si abre juicio penal contra él, que podría enfrentarse a una pena de hasta 17 años de prisión.
En octubre pasado la comisión del Congreso brasileño que investigó la intentona golpista aprobó, por mayoría, su informe final en el que acusa al exmandatario Jair Bolsonaro de ser el “mentor intelectual” de la trama golpista para derrocar a Lula. Sin embargo, la intentona golpista es tan solo uno de los problemas judiciales que tiene Bolsonaro. También es investigado por la policía y las autoridades tributarias por supuestamente haber intentado importar ilegalmente joyas valoradas en millones de dólares que él y su esposa, Michelle, recibieron de Arabia Saudita.
A finales de junio de 2023, la justicia electoral de Brasil determinó por mayoría inhabilitar al expresidente para presentarse a cargos públicos hasta 2030, al declararlo culpable de “abusos de poder” por diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros.
Página/12