El Consejo sesionó ayer en la capital provincial, donde pudo escuchar a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, del Servicio Público Provincial para la Defensa Penal, del Ministerio Público de la Acusación y docentes de la Universidad Nacional del Litoral.
Los referentes aportaron información sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia, “caracterizada por un incremento constante de la tasa de prisionización, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y en la vulneración de derechos de las personas detenidas”, señaló el Consejo a través de un documento al que tuvo acceso Rosario/12.
La organización estatal no desconoce “los graves hechos delictivos acaecidos recientemente en la provincia”, pero recuerda que “toda respuesta estatal debe ser ajustada a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.
En ese marco, Kevin Nielsen, comisionado del Comité Nacional para la prevención de la Tortura reconoció que “Santa Fe ha experimentado un aumento exponencial del encarcelamiento en los últimos 10 años. Esto lleva a superpoblación que llega a niveles de hacinamiento. Esto genera condiciones que violentan los estándares internacionales que son obligatorios para el Estado en materia de privación de libertad”.
El comisionado aseguró que “desde 2018” observan “la persistencia de situaciones de torturas y malos tratos, relacionado a la falta e incumplimiento en cuanto constituir un mecanismo de prevención de torturas. Santa Fe es una de las provincias que no tiene este mecanismo de prevención para evitar estos tratos prohibidos por la ley”.
En ese sentido, reconoció haber “recibido denuncias de torturas y malos tratos en Piñero. Hemos prestado colaboración para la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Hoy se está investigando estos hechos sucedidos hace poco más de un mes”.
Por otro lado, Nielsen fue consultado acerca de las fotos que ha publicado el gobierno de Santa Fe al estilo “Bukele” en las cárceles provinciales. El entrevistado explicó que “el régimen de Bukele fue observado por las Naciones Unidas y por los organismos dedicados a los Derechos Humanos. Cualquier imitación que se quiera hacer del Estado de El Salvador, debe tener en cuenta nuestro marco jurídico y las obligaciones del Estado argentino”.
“Las fotos son muy innecesarias y es una apología a una forma de mostrar ciertos tratos que son degradantes e innecesarios para los fines de la seguridad. Además son contraproducentes a los objetivos que tiene la privación de la libertad”, aseveró.
De igual modo, el Consejo Federal recordó que la obligación de crear un organismo contra la tortura “surge del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos (OPCAT), ratificado por nuestro país hace ya 20 años, y de la ley 26.827, de orden público en todo el territorio nacional”. Y que “reiteradamente los organismos del sistema universal de derechos humanos han observado al Estado por el incumplimiento de esta obligación. En este sentido se han pronunciado el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Relator contra la Tortura y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en sus últimos informes sobre el país”.
En rigor, no es sólo el gobierno de Santa Fe el que incumple. Otras nueve provincias aún no han constituido un mecanismo local de prevención de la tortura. Se trata de Catamarca, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, San Juan y Santa Cruz.
Por las dudas, el Consejo recuerda que estos Mecanismos de Prevención deben ajustarse a los requisitos mínimos como la independencia funcional, la autarquía financiera y la dotación presupuestaria adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
En el encuentro desarrollado en la ciudad de Santa Fe sesionaron representantes de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego A.I.A.S, Tucumán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Página/12