El exdueño de la fábrica de gaseosas Cabalgata (Licores Nordeste SRL), Oscar Korovaichuk, logró la suspensión de la acción penal en su contra -que ya estaba en instancia de juicio oral- al acogerse a un plan de pago de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), exAFIP. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Resistencia ante el planteo de los abogados defensores del actual dueño del frigorífico Frigoporc, a los que también adhirieron el Ministerio Público Fiscal y la ARCA, querellante en la causa.
La decisión del TOF de Resistencia, dictada este martes 11 de febrero, lleva las firmas de los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Fabián Cardozo. La medida también comprende a Miriam Marastoni, pareja de Korovaichuk, Roger Felicetti y Cristian Zavala.
Los cuatro habían sido elevados a juicio acusados de ser coautores de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y por haber formado parte de una Asociación Ilícita Fiscal, en concurso real, agravado en el caso de Korovaichuk y Marastoni por su calidad de presuntos jefes u organizadores de la asociación.
Para resolver, los magistrados tuvieron en cuenta la presentación realizada por los abogados defensores de los imputados, Marco Molero y Gastón Chapo, junto a la querella de ARCA, solicitando la suspensión de la acción penal conforme a la ley 27.743. Entre sus fundamentos, mencionaron la propuesta en el cumplimiento de compromisos como el inicio del trámite de transferencia de inmueble, la cesión de cuotas sociales, la inclusión en moratorias y la adhesión a un plan de pago de deuda vigente.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal manifestó no tener objeciones a la aplicación de la suspensión de la acción penal (de acuerdo a la ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes), no obstante advirtió sobre el control que ARCA deberá efectuar sobre el cumplimiento del plan de pagos.
Así, el TOF dispuso hacer lugar a la solicitud de suspensión de la acción penal contra los imputados y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. Además, estableció que el organismo tributario efectúe el debido control respecto del cumplimiento del plan de pagos acordado, y en caso de falta de cumplimiento, solicite la prosecución del trámite del proceso según su estado.