A más de cuatro décadas del terrorismo de Estado de 1976, el Equipo Argentino de Antropología Forense corroboró, por medio de restos óseos, el hallazgo de doce desaparecidos en uno de los mayores centros clandestinos de detención del país: “La Perla” en Córdoba. La antropóloga Silvana Turner explicó el proceso de identificación de los cuerpos.
El reciente hallazgo de restos óseos en el centro clandestino “La Perla”, en la provincia de Córdoba, marca un nuevo avance en las investigaciones sobre desapariciones forzadas a víctimas de la ejecución del Plan Sistemático de Exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástica y militar entre 1976-1983. La identificación de doce personas desaparecidas fue posible gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización no gubernamental que desde 1984 colabora con la justicia y con la búsqueda incansable de identificación de víctimas.
La antropóloga Silvana Turner, integrante del equipo de la EAAF, quien explicó el arduo proceso de investigación de hipótesis para dar con el paradero de los cuerpos. En este marco, señaló que el trabajo en áreas que son señaladas como ex centros clandestinos de detención que funcionaban ilegalmente durante la dictadura cívico militar es un proceso que se viene llevando décadas. “El Equipo de Antropología Forense es una organización no gubernamental que viene trabajando desde 1984 en la identificación de desaparecidos, asistiendo a la justicia en estos procesos y a familiares con el fin de restituir los restos”, señaló.
“La Perla” bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército, fue uno de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDRyE) más grandes del interior del País. La misma estaba ubicada en las cercanías de La Calera, entre Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba, donde se estiman que en los períodos de plomo (1976-1983), 2200 y 2500 personas permanecieron en cautiverio. La gran mayoría aún permanecen desaparecidas
Turner menciona que la magnitud del terreno de excavación en el lugar ha representado uno de los principales desafíos de las tareas de búsqueda. “El lugar mide aproximadamente 14.000 hectáreas y venimos trabajando en fosas comunes e individuales en este predio a partir del testimonio de sobrevivientes y de información documental”, remarcó.
Hallazgos fragmentarios y evidencia de ocultamiento
La estrategia metodológica combinó el análisis de testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, sistema de detección mediante pulsos de luz láser) y el estudio comparado de fotografías aéreas históricas.
El avance decisivo en la investigación fue posible gracias a la incorporación de registros aerofotográficos de 1979, aportados por Catastro de la Municipalidad de Córdoba y examinados de manera conjunta con el Equipo de Geología Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El cruce sistemático entre estas fuentes documentales y los relatos testimoniales permitió delimitar con mayor precisión las áreas prioritarias de prospección.
Durante 2024 se identificaron 23 rasgos de interés. Si bien no se recuperaron objetos directamente vinculados con el objetivo inicial de la investigación, sí se documentó evidencia de intensa actividad antrópica, es decir, alteraciones del suelo atribuibles a intervenciones humanas.
Los análisis posteriores de las imágenes de 1979 reforzaron la hipótesis —sustentada en testimonios— de que se produjeron movimientos de tierra asociados a exhumaciones realizadas con maquinaria antes de la toma de esas fotografías. Según la reconstrucción elaborada por el equipo investigador, dichas maniobras habrían dejado marcas superficiales persistentes, lo que permitió establecer una secuencia temporal de los hechos y valorar la significación de los distintos indicios detectados en el terreno.
“Las tareas realizadas el año pasado permitieron delimitar una nueva área de intervención, donde se encontraron restos óseos fragmentados y mezclados, lo que complejiza los procesos de identificación. No se trata de fosas con cuerpos completos y articulados, sino de fragmentos que han sido alterados, producto de la remoción de esas fosas”, aclaró Turner al magazine Ciudad Invisible de Radio UNNE.
El 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el hallazgo de restos humanos en el ex centro clandestino de detención La Perla, ubicado en la localidad cordobesa de Malagueño. Se trata de la primera vez, a casi cinco décadas de los crímenes perpetrados durante la última dictadura militar, que se registran evidencias materiales de este tipo en el predio.
El secretario del juzgado interviniente, Miguel Ceballos, precisó que los restos fueron encontrados en las primeras jornadas de un operativo previsto para extenderse durante 70 días. Asimismo, destacó la colaboración del Ejército en el desarrollo de las tareas, al facilitar los trabajos sin presentar objeciones.
Según explicó la antropóloga, los indicios científicos sugieren que los enterramientos originales fueron removidos con maquinaria pesada con el objetivo de ocultar la evidencia. Sin embargo, los rastros de esas intervenciones pudieron ser detectados mediante técnicas arqueológicas y análisis del suelo. “Podemos visualizar las alteraciones a partir de nuestras excavaciones. Hay áreas donde se observa movimiento producido por maquinaria y ese relleno se revisa manualmente en una zaranda, identificando fragmentos óseos u otros elementos de interés. Este procedimiento minucioso permite reconstruir las dinámicas de enterramiento y ocultamiento, fundamentales para la investigación judicial y la reconstrucción histórica”.
La genética como herramienta clave
Uno de los aspectos centrales del proceso de identificación es el análisis genético. Aun cuando se recuperan fragmentos mínimos, la tecnología actual posibilita obtener perfiles de ADN que luego son cotejados con muestras aportadas por familiares. “La genética permite recuperar ADN incluso de una pieza como un diente, y con eso se realiza el cotejo con el Banco de Datos Genéticos”, explicó la antropóloga.
En este sentido, Turner destacó la importancia de que los familiares de personas desaparecidas continúen acercando sus muestras, ya que esto amplía las posibilidades de identificación. “Hago extensa la convocatoria a los familiares de desaparecidos en cualquier lugar del país a aportar su muestra de sangre, si así lo desean”.
En este marco, aclaró que los resultados anunciados corresponden a los primeros cotejos realizados sobre el material recuperado en 2023, mientras que las tareas de campo continuarán durante el presente año.
La verdad a los familiares que llega décadas después
El proceso de identificación no concluye con el análisis científico. Una vez confirmada la identidad, la información es comunicada a las familias y puesta a disposición de la justicia. “No se trata de la identificación de cuerpos completos, sino de corroborar que esas víctimas fueron enterradas en ese lugar y prueban el crimen cometido por la dictadura del 76`”, precisó Turner.
Actualmente, el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba se encuentra notificando a los familiares de las personas identificadas. La confirmación de que doce desaparecidos fueron ejecutados e inhumados en La Perla constituye un aporte significativo a los procesos de memoria, verdad y justicia que viene atravesando la Argentina en los últimos años.
Hasta el momento, cinco víctimas fueron identificadas por el EAAF en La Perla y comunicado a sus familiares. Entre ellos, Mario Alberto Nívoli secuestrado a los 28 años en la madrugada del 14 de febrero de 1977; Ramiro Bustillo secuestrado el 18 de octubre de 1977 con 27 años de edad; Oscar Reyes, secuestrado el 18 de octubre de 1977 cuando tenía 45 años; Adriana Carranza o Cecilia Carranza secuestradas a los 18 años de edad, hermanas mellizas que comparten el mismo ADN, secuestradas el 5 de mayo de 1976 y Raúl Oscar Ceballos, secuestrado el 26 de agosto de 1976 a los 23 años. (Con información extraída de La Tinta, Córdoba).
El trabajo del equipo forense demuestra que la investigación científica no solo aporta evidencia en términos judiciales, sino que también contribuye a la reparación simbólica, a la memoria, verdad y justicia de la sociedad misma al permitir reconstruir la historia de vida de familias que fueron interrumpidas por la violencia estatal.
A casi cincuenta años de los hechos, la persistencia de estas investigaciones reafirma el papel de la ciencia en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de una memoria colectiva basada en pruebas, conocimiento y compromiso ético.
Desde el EAAF, indicaron que los familiares de personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre y quieran actualizar sus datos de contacto pueden llamar al juzgado al (0351) 4335772 o por mail a fcordoba3.secddhh@pjn.gov.ar. También pueden comunicarse al EAAF llamando al 0800 345 3236 o por correo electrónico a iniciativa@eaaf.org.
Fuente: UNNE MEDIOS/ Radio UNNE