Por un lado, los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para el jueves 26 y viernes 27 de septiembre para visibilizar la situación. Y por otro, se está organizando una gran marcha universitaria que intentará replicar la masividad de la primera, que fue el 23 de abril. Organizan las universidades, los sindicatos y los centros de estudiantes y será la primera semana del mes próximo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá este el martes 24 y a las 17.30 dará una conferencia de prensa para confirmar el día, que se prevé será el 2 de octubre. Además, el 27 habrá jornadas de visibilización en todo el país y los rectores difundirán un documento consensuado.
Las acciones no son solo en la calle, también en el palacio: los rectores de las universidades de todo el país están conversando con los diputados de cada una de sus provincias para que no acepten el veto. Si bien consideran que no es una tarea fácil, tienen alguna esperanza porque el peso de una decisión así impacta en los territorios provinciales.
En el país, hay 115 universidades, 63 son públicas y acapara el 80 por ciento de los 2,5 millones de estudiantes que existen. “Esperamos que insistan con el proyecto que votaron y no se vaya a comer un asado a Olivos. No queremos de nuevo con diputados festejando que dieron de baja una ley”, afirmó
En Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso se declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024 y actualiza las partidas del Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno de La Libertad Avanza. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo que el Milei no está dispuesto a pagar.
“Con esto y el presupuesto le están echando más leña al fuego”, advirtió Montero. “El presupuesto continúa el recorte el año 2024 e incluso lo profundiza. Si lo tomamos en relación a porcentaje del PBI avanza en recortarlo: este año estaba en el 0.53 y lo lleva al 0.50”, explicó el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero, en diálogo con este diario.
Esta semana, el Senado envió el texto de la norma a la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Javier Herrera Bravo, y ahora el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para vetarlo, una decisión ya anunciada por el Presidente.
Pero el ataque al sector es doble, el Presupuesto 2025 tiene tres artículos malditos que también golpean a la educación pública de grado: reduce en más de la mitad las partidas sugeridas por las Universidades, le da poder al Ejecutivo para interrumpir las transferencias de fondos si las universidades no envían información y suspende la Ley nacional de Educación que garantiza una inversión no menor al 6% del PBI.
El Presupuesto destina 3,8 billones de pesos para las universidades nacionales para el año próximo, un 52% menos de lo que pide el CIN, que es 7,2 billones. El 95% de esa diferencia tiene que ver con el dinero destinado a los salarios docentes y no docentes, que deberían estar actualizados por inflación.
Actualmente un docente con dedicación exclusiva de 8 horas cobra alrededor de 600.000 pesos y los gremios relevaron que el 80% de los salarios universitarios están bajo la línea de pobreza.
Página 12