El Partido Socialista Obrero Español –PSOE– cerró este viernes los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que garantizan la investidura de Pedro Sánchez como jefe de gobierno, mientras resuenan los ecos del pacto alcanzado el jueves con los independentistas catalanes de Junts.
Con los pactos firmados por el PSOE con el PNV y con la Coalición Canaria (CC), Sánchez se asegura un apoyo por encima de la mayoría absoluta: 179 votos en el Congreso para su investidura, de los 350 que tiene la Cámara.
El acuerdo alcanzado con los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, que consiguieron una amnistía para los implicados en el proceso secesionista catalán desde 2012, generó manifestaciones y acosos a sus sedes por parte de la ultraderecha. Pese a todo, la investidura de Sánchez ya es posible, aunque aún no se conoce la fecha del pleno del Congreso donde se debatirá, pero todo indica que se producirá la próxima semana.
El rechazo de la judicatura
La amnistía acordada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes provocó una reacción en contra del poder judicial, tanto desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el órgano de gobierno de los jueces– como desde organizaciones profesionales de este sector.
El CGPJ, cuyo mandato caducó hace cinco años y no se renueva por el bloqueo de la oposición conservadora, comunicó a las instituciones europeas “los graves episodios de ataque al Estado de derecho y la separación de poderes” en España, tras el acuerdo entre el PSOE) y Junts. Esa institución da cuenta de “los graves episodios de ataque al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España”. Y explica que “con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España”, Sánchez “ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad”, en referencia a Carles Puigdemont, líder de Junts y huido de la Justicia española desde el proceso secesionista de 2017.
Todas las organizaciones judiciales rechazaron ese acuerdo, a las que se sumaron los jueces decanos de toda España, al considerar que este acuerdo podría suponer “la quiebra de la separación de poderes”.
El “no” de los empresarios
Desde la principal organización empresarial española, CEOE, su vicepresidente, Lorenzo Amor, aseguró que el pacto entre PSOE y Junts es contrario al Estado de Derecho y genera inseguridad jurídica para las empresas.
Al rechazo de la judicatura y los empresarios se une la presión en la calle, que comenzó hace una semana con concentraciones en toda España contra la amnistía por parte de la derecha y la ultraderecha.
La número Secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, llamó a los “ciudadanos indignados” a manifestarse contra el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts, e hizo un llamamiento a dirigentes socialistas que se oponen a esos pactos, pese a que el 87 por ciento de los militantes del PSOE los apoyaron en una consulta.
En una rueda de prensa en la sede el PP, Gamarra reiteró que su partido usará todas las vías a su alcance para articular una respuesta “seria y contundente”, y dijo que recurrirán a “la vía judicial, la política y la parlamentaria”.
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