El querellante Martín Romeo solicitó citar a 16 personas, incluyendo al Presidente y altos funcionarios, por una maniobra de presunto vaciamiento de 44.5 millones de dólares.
El abogado querellante Martín Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, presentó esta semana ante la Justicia Federal un pedido de declaración indagatoria contra el presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y otros 14 implicados por los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos en la causa conocida como “$Libra”. La presentación judicial sostiene que se utilizó el aparato estatal y la figura presidencial para otorgar una falsa legitimidad a un criptoactivo que finalmente fue vaciado, damnificando a miles de ahorristas por una suma superior a los 44.5 millones de dólares el pasado 14 de febrero de 2025.
Según el escrito judicial, la maniobra fue una “operación de diseño milimétrico” iniciada en 2024. La querella destaca la firma del “Kelsier Group LATAM Agreement” el 16 de octubre de 2024, un contrato de posibles sobornos por 1.550.000 dólares que aseguraba a los financistas extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para criptoactivos en Argentina.
Según se detalla, el esquema se habría gestado entre 2018 y 2024 a partir de una red de intermediación financiera, uso de plataformas internacionales y mecanismos de captación de inversores minoristas.
Este pacto se habría sellado en el Hotel Libertador, búnker de campaña de Milei, con la presencia de figuras clave como el desarrollador polaco Bartosz Lipinski y el desarrollador financiero Hayden Davis. Para la querella, esto representa una “captura regulatoria” donde el Estado fue puesto al servicio de una estafa transnacional.
El rol de los “infiltrados”
El expediente CFP 000772/2025, que investiga el lanzamiento y operatoria del token, señala a Sergio Morales como el “infiltrado” que asumió como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) para dar cobertura legal al esquema mientras operaba en las sombras para la organización. Además, se menciona al entonces vocero presidencial Manuel Adorni por aportar “lavado de prestigio” e inducir a error a los inversores mediante su participación en eventos de la organización.
Mauricio Novelli aparece como uno de los articuladores locales del esquema; Morales, como nexo con el Estado desde su rol en la CNV; y Manuel Terrones Godoy, como operador comercial. A nivel internacional, se menciona a Davis como cerebro financiero del grupo Kelsier, a Julián Peh como desarrollador técnico del proyecto y a Bartosz Lipinski como arquitecto vinculado a la infraestructura blockchain.
La prueba más contundente citada es el tuit del Presidente Milei del 14 de febrero de 2025 a las 19:01 horas, donde publicó el contrato inteligente de la criptomoneda. Según la pericia de la UFECI, este mensaje funcionó como el “gatillo” oficial para que, minutos después, se iniciara el drenaje de liquidez hacia una bóveda colectora controlada por la organización.
El expediente también incorpora movimientos financieros que, de acuerdo con la presentación, incluirían transferencias en criptomonedas por cientos de miles de dólares a billeteras vinculadas a los acusados, tras acuerdos con el grupo internacional Kelsier.
En la misma línea, se detalla una compleja red de lavado que incluye el uso de facturas apócrifas realizadas en plataformas de diseño, cuentas en paraísos fiscales como Seychelles y el uso de familiares, como María Alicia Rafaele (madre de los hermanos Novelli), para ocultar dinero físico en cajas de seguridad del Banco Galicia.
La querella concluye que se trata de un concurso real de delitos, donde la asociación ilícita para lesionar el orden público se independiza de la estafa a la propiedad y el posterior lavado de activos que vulneró el orden económico nacional.
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