Por María Elena Hipólito
Sergio Adrián Von Kreitmayr tiene 53 años, es de Capioví y nació con una lesión cerebral. No tiene la capacidad del habla, por lo que su hermana Diana relató el vivir cotidiano con su hermano, los trámites y complicaciones.
A continuación se reproducirán dos comentarios que se escribieron en instagram a propósito de una publicación sobre la reciente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Congreso. “¿Sólo por tener un hijo discapasitado (sic) ya tiene que mantenerlo el Estado? Ya le dan mucho, no jodan” y “Excelente presidente, siga así, eso es sólo más inflación y emisión. Lo único que buscan es romper el equilibrio fiscal, no les interesa nada de lo que dicen defender”.
Dos comentarios de dos personas que probablemente desconocen lo que es vivir con discapacidad, lo que implica transitarla en el ámbito de la salud, la educación y lo laboral, que saben más de trabas que de facilidades. Y como si fuera el colmo, se lo hicieron a una persona que vive con discapacidad desde que nació: Soledad Varela, que además se formó en esta área y acompaña y asesora a familias, empresas y organizaciones para la inclusión.
En el contexto de un gobierno nacional que ataca al sector, hace recortes y estigmatiza con burdas generalizaciones, las reproducciones de esos discursos abundan y dejan en evidencia la total falta de información de buena parte de la población que no tiene una discapacidad ni tampoco les toca de cerca por algún familiar o amigo. Este tipo de violencia simbólica, muchas veces disfrazada de humor o de libertad de expresión, profundiza su exclusión y vulnera su dignidad. Las redes, lejos de ser un espacio de visibilización y empatía, se convierten muchas veces en ámbitos hostiles que reproducen estereotipos dañinos.
La crisis en discapacidad no es nueva, fue un sector relegado por todos los gobiernos, pero desde la era de Javier Milei se acentuó mucho más y justamente ayer el presidente firmó los vetos de la ley de emergencia y del aumento a las jubilaciones. Se puso en marcha una fiscalización desastrosa que quitó las pensiones no contributivas y los Certificados Únicos por Discapacidad (CUD) a quienes verdaderamente los necesitaban.
Durante años, quienes viven con discapacidad se enfrentan a una falta sistemática de políticas públicas sostenidas, además de una burocracia excluyente que complica, en lugar de facilitar, el acceso a los apoyos que el Estado debe garantizar. La demora en los pagos de prestaciones, la escasez de transporte adaptado y la falta de profesionalización del personal que interviene en áreas claves reflejan una desidia institucional que no logró ser revertida con el paso del tiempo.
A pesar de que existen leyes que garantizan derechos fundamentales, como la Ley Nacional de Discapacidad (Nº22.431) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país, la implementación real de estas normativas continúa siendo parcial y, muchas veces, simbólica. El acceso a la salud, la educación inclusiva, el trabajo digno y la accesibilidad urbana todavía representa un desafío cotidiano para miles de personas.
“Nada para nosotros sin nosotros”, es lo que piden las personas con discapacidad, esto es que para todas las decisiones que tomen para el sector sean consultados e involucrados. Este informe, además de incluir las voces de personas formadas en la temática, son defensoras de derechos y lo hacen desde su propia condición de discapacidad congénita o adquirida (Soledad Varela, activista y Paula Pisak, vicepresidenta del Consejo Federal de Discapacidad), contiene otras historias de vida, sólo algunas de las muchas que habitan en el rojizo terruño y que invitan a conocer, informarse y si no es posible entender, por lo menos a tolerar y respetar a estas personas que lo que necesitan es vivir dignamente con los derechos básicos garantizados.
“Si hubo irregularidades en cuanto a cuestiones que se pudieran haber dado mal, debe revisarse caso por caso, pero sin recortar derechos ni generalizar que esto pasa en el sector. Nadie pide nacer con una discapacidad y es un espejo en el que nadie se quiere ver. Esto no nos pone en una situación de privilegio, al contrario, es una condición que exige un acompañamiento real del Estado nacional y provincial”, reflexionó Varela, que nació con mielomeningocele, una alteración en la formación de una vértebra (espina bífida) y esto afecta a la médula y a sus envolturas, por lo que tuvo que someterse desde pequeña a unas quince cirugías.
Su historia personal, en la que sufrió en primera persona discriminación y maltrato por parte de sus compañeros en la secundaria y el desinterés de los directivos, la llevó a ser hoy en día una de las voces más activas en este campo desde hace más de diez años.
“Lo que estamos pidiendo no es una cuestión de capricho. Decir que defender nuestros derechos afecta a la economía del país me parece una manera muy elegante de justificar el abandono. Me ha pasado en primera persona que me digan, ‘ustedes pretenden vivir del Estado’. No es ese el reclamo, pedimos acceder a prestaciones básicas que están avalados por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la Ley Nacional de Discapacidad. Tenemos tratados a los que Argentina no está adherida hace poco tiempo, se debería responder y se debería cumplir con esto”, arremetió.
Promover una transformación cultural basada en el respeto, la equidad y la justicia social, que desactive la discriminación y garantice condiciones reales de inclusión es imprescindible. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente accesible, en la que todas las personas puedan desarrollarse en libertad y con dignidad.
Publicado en El Territorio