Se presentaban como una agencia de “modelos webcam”. Usaban slogans como “Sé parte de esta empresa, no lo sueñes, vivilo”, para aparentar profesionalismo y legalidad. Prometían altas ganancias en dólares por transmisiones eróticas durante jornadas de 8 horas, capacitaciones, libertad en relación al contenido de las grabaciones e incluso fama. Pero detrás de esa pantalla, se camuflaba un esquema de explotación sexual en la virtualidad pero con daños y ganancias bien reales.
Las víctimas relataron ante la justicia que les exigían realizar actos de índole sexual cada vez más explícitos en contra de su voluntad e incluso usar vibradores manipulados de manera remota y simultánea vía bluetooth por los “clientes/prostituyentes” durante horas. A una de ellas la obligaron a transmitir en vivo su aborto y a colocarse un vibrador mientras sangraba. La banda, que irá a juicio oral este año, es un claro ejemplo de cómo se han diversificado las redes de trata en Argentina. ¿Cómo cambiaron las dinámicas de las bandas criminales de explotación sexual en tiempos de virtualidad?
La falsa agencia de “modelos webcam” operaba bajo los nombres de “Argentina Estudios”,“Soul”, “Webcam Group”, “Rosario Studios” y “MR Studios”.
Al frente de la organización estaban dos argentinos –un empresario del sector hotelero y un comerciante con estudios universitarios incompletos– y un fotógrafo colombiano. Ellos tres y otras seis personas que formaban parte de la banda serán sentados este año en el banquillo de los acusados por el delito de trata agravada por consumación aunque todavía no está definida la fecha del debate oral. Estará a cargo del TOF N°1. Les podrían aplicar penas de entre 8 y 15 años de cárcel. Entre los imputados hay tres personas argentinas, tres colombianas y tres venezolanas; seis varones y tres mujeres.
Los hoteles y viviendas donde las víctimas fueron acogidas y explotadas sexualmente, de acuerdo a la acusación fiscal, estaban ubicados en Bolívar 893, Av. Cabildo 3054, Av. San Juan 1271, Piedras 545, México 614 y Güemes 3602 –todos de la Ciudad de Buenos Aires–, y Montevideo 745 –de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe–; donde funcionaban los denominados “estudios de modelaje webcam”.
La investigación en la justicia se inició a partir de una denuncia que hizo el 8 de septiembre de 2021 Margarita Meira, presidenta de la ONG Madres Víctimas de Trata, luego de escuchar a un grupo de jóvenes que habían sido víctimas de explotación sexual mientras trabajaban como “modelos webcam”. En el expediente declararon cuatro de ellas, con identidad reservada.
La organización criminal funcionó desde al menos marzo de 2020 hasta el 13 de septiembre de 2023. El 30 de mayo de 2024, el fiscal Subrogante a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, Ramiro González, y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, María Alejandra Mangano, pidieron la elevación a juicio, en una presentación de 373 páginas, donde detallan con extensa prueba el modus operandi de la banda.
La causa 5554/2021 está caratulada como “Argentina Studios y otros s/ infracción art. 145 bis, conforme Ley 26.842, denunciante: identidad reservada y otros”.
El caso tiene todos los elementos de las nuevas configuraciones de las redes de trata en el mundo digital. Según explicó la fiscal Mangano a este diario, desde el año 2018 y en particular a partir de la pandemia por el virus de la covid 19, el negocio de la explotación sexual se empezó a expandir a través de internet. No solo la etapa de captación, sino también la explotación propiamente dicha a través del uso de tecnologías que permiten el intercambio interactivo de imágenes de sexo explícito o incluso plataformas que habilitan los streaming sexuales: videollamadas en las que se producen intercambios sexuales con mujeres que están sujetas a extensas jornadas, en las que son penalizadas hasta por ir al baño, bajo control de personas que monitorean su actividad en tiempo real sy on quienes recogen las ganancias que generan. “Es decir, el avance de la tecnología permitió desarrollar nuevas formas de explotación sexual, distintas a las que conocíamos propias del sistema prostibulario pero con una dinámica de control de la sexualidad y coerción muy similar”, detalló la cotitular de la Protex.
El reclutamiento de las víctimas ya no es mayormente a través del contacto personal como ocurría con el sistema prostibulario tradicional. “Muchas veces son los perfiles de redes sociales de las víctimas los lugares más propicios para los ofrecimientos laborales engañosos. En general se ofrece modelaje web, y administrar perfiles de Only Fans y otras plataformas”, señaló Mangano.
Otro factor que cambió es la forma de administrar y recibir las ganancias. Criptomonedas y plataformas de pago web son las modalidades en las que circula el dinero.
En el caso de Argentina Studios,“Soul”, “Webcam Group”, “Rosario Studios” y “MR Studios”, las víctimas eran explotadas sexualmente a través de transmisiones en vivo en plataformas de contenido sexual como Chaturbate, Stripchat, Xlovecam o Cam4. En esas plataformas, los usuarios (clientes/prostituyentes) pagan utilizando una especie de moneda virtual llamada “tokens”. Esos tokens se acumulan en las cuentas controladas por los explotadores (no por las víctimas). Luego, para convertirlas en pesos o dólares, de acuerdo a la investigación judicial, los cabecillas usaban una empresa llamada “Cash Token”, que servía como intermediaria para hacer el cambio. Chaturbate está entre los sitios más visitados del mundo, y específicamente entre los principales del contenido para adultos.
–¿Quiénes están imputados como cabecillas de la banda?
–La justicia señaló como cabecillas de la banda al empresario de la industria hotelera Javier Zlatkis, el comerciante Ernesto Frías (ambos argentinos) y el fotógrafo colombiano Michael Fernando Rivas Grisales.
“Ellos eran los líderes de esta organización criminal y quienes aportaron la estructura para su funcionamiento –lugares, equipamiento y recursos tecnológicos necesarios– así como el modus operandi relativo a la explotación de mujeres en la denominada ‘industria webcam’. También fueron quienes impartían directivas, recibían diariamente información sobre los rendimientos económicos derivados de la explotación y quienes estuvieron a cargo del andamiaje financiero para el manejo de las ganancias obtenidas”, dice el pedido de elevación a juicio.
Por debajo de estas tres personas, en la estructura de la organización se encontraban los demás integrantes, que tenían a su cargo tareas específicas de captación, traslado, acogimiento y explotación de las víctimas.
Según surge de la causa judicial, para sostener el sometimiento de las víctimas y su explotación los imputados las denigraban con insultos, las incitaban a consumir alcohol y estupefacientes, las responsabilizaban por la falta de generación de ganancias y las endeudaban con la organización a modo de “inversión” exigiéndoles la compra de lencería, indumentaria, cremas y vibradores –cuyo valor en dólares estadounidenses era descontado de sus ingresos–. También les imponían un régimen de sanciones a base de multas en dólares por llegadas tarde (descuento de al menos 20 USD), ausencia (penalidad de 35 USD), demoras en el baño (sanción de 10 a 20 USD), negarse a la realización de producciones de fotos, utilización del teléfono celular (multa de 20 USD) e incluso alimentarse (penalidad de al menos 20 USD).
“Las sanciones y endeudamientos detallados ocasionaron, entre otras cosas, que las víctimas tuvieran que aumentar exponencialmente sus horas de transmisión para saldar las deudas impuestas. Estas sanciones pecuniarias desproporcionadas, las cuales eran descontadas de sus ingresos, introdujeron a las víctimas en un círculo de coerción del cual les resultaba imposible salir”, dice el requerimiento de elevación a juicio.
La explotación sexual de las víctimas no se limitó al “negocio sexcam”, incluyó también encuentros sexuales presenciales –“pases”– con personas del entorno de la organización, entre los cuales figuraba un funcionario de las fuerzas de seguridad.
Uno de los imputados, el colombiano Luis Fernando Soto Popo –tiene estudios universitarios incompletos de Ciencia Política y declaró como ocupación ser desarrollador de Marketing Digital– está acusado de haber forzado a una víctima a abortar sin su consentimiento y a transmitirlo en vivo para generar ingresos, bajo la amenaza de conminarla a recuperar las horas perdidas, lo que implicaba para la víctima producir contenido fílmico durante 16 horas seguidas. “Este registro se perpetró a través de dos cámaras: la primera filmó la parte de arriba de su cuerpo –de su cintura para arriba– y se destinó a producir contenido para las plataformas usuales, mientras que la segunda filmó la parte de abajo de su cuerpo –de la cintura para abajo–, con el objetivo de transmitir el contenido en otro tipo de plataformas identificadas como “under”. Durante la transmisión, Soto Popo la obligó a colocarse el vibrador “Lovense” en su vagina pese a que esta estaba desangrándose frente a las cámaras como consecuencia de la práctica a la que fue sometida”, dice la acusación fiscal.
–¿Creció la trata para la explotación sexual en Argentina en el último tiempo a partir de la virtualidad de la explotación? –le preguntó Página 12 a Mangano.
–Se ven más casos de trata sexual, algunos de ellos con estas características de virtualidad pero también vemos un incremento de casos de explotación sexual de mujeres muy jóvenes, muchas de ellas menores de edad, que están en esta situación.
–¿Qué herramientas tiene hoy la justicia para investigar la violencia de género en entornos digitales y especialmente la trata vía streaming?
–Para investigar este tipo de delitos, son fundamentales la cooperación internacional y el trabajo interdisciplinario. La cooperación permite acceder a direcciones IP, servidores y redes sociales involucradas, y se vuelve más eficaz cuando trabajan en conjunto policías y fiscales especializados. Además, es clave contar con equipos forenses en ciberdelitos, capacitados en levantar evidencia digital, y con expertos en criptoactivos, ya que las ganancias suelen manejarse a través de criptomonedas.
Página/12