La Cámara Federal de Casación Penal no avaló un recurso de la querella de Fabiola Yañez para llegar hasta la Corte Suprema en su rechazo al cambio de juez en la causa por la supuesta violencia de género ejercida por el ex presidente Alberto Fernández, por lo que el juez Daniel Rafecas quedó ratificado en ese expediente.
La resolución del máximo tribunal penal federal del país dejó firme así la continuidad del proceso bajo la órbita del juez Rafecas, luego de que inicialmente estuviera a cargo de Julián Ercolini hasta que fue recusado por Alberto Fernández.
El reciente fallo, firmado por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal contra la decisión de Casación, que el 6 de octubre pasado apartó de la causa a Ercolini, con quien el ex mandatario, según éste, tenía un “enemistad manifiesta”, luego de que los uniera una amistad.
De acuerdo a la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la presentación de la ex primera dama no cumplió con los requisitos formales para este tipo de recursos ni logró demostrar la existencia de una cuestión suficiente que habilitara la llegada a la Corte con el tema.
Para Casación, los planteos de la defensa de Yañez “sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta” y no configuran arbitrariedad alguna.
“La doctrina de la arbitrariedad exige la demostración de defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no ha acreditado”, sostuvieron los jueces.
El 6 de octubre la misma Sala II de Casación hizo lugar a un planteo de la defensa del ex presidente Alberto Fernández, apartó a Ercolini, ratificó la validez de todo lo hecho hasta ese momento en la pesquisa y ordenó sortear nuevo juez.
Con la reciente decisión de la Casación, Rafecas, quedó en condiciones de seguir con el expediente y posteriormente iniciar el camino hacia el juicio oral.
Fernández está acusado por supuestas “amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”.
Estos delitos prevén hasta 15 años de prisión y según la acusación fiscal se habrían cometido desde 2016 hasta agosto de 2024.
Según la acusación fiscal, Fernández ejerció una “violencia sistemática” contra Yáñez en el marco de una relación de poder asimétrica, agravada luego durante su gestión como Presidente.