El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, dio luz verde al proceso de cramdown para Vicentin, la agroexportadora que desde 2019 enfrenta un concurso preventivo por deudas cercanas a u$s1.300 millones y un extenso listado de más de 1.700 acreedores. En su resolución, el magistrado ordenó abrir el registro de oferentes desde el 30 de junio hasta el 4 de julio, primer paso formal para buscar un salvataje empresario.
La decisión judicial llega luego de que la Cámara confirmara el rechazo a la homologación del acuerdo propuesto por la propia Vicentin con un núcleo de acreedores financieros. El juez consideró “imperioso” reactivar el procedimiento dado el largo tiempo transcurrido desde la apertura del período de concurrencia, iniciado en septiembre de 2023, la crítica situación de caja detallada por los interventores, el próximo vencimiento de contratos de fasón, y la necesidad de sostener el complejo industrial, inmerso en el ciclo natural de cosecha y siembra.
Inscripción inicial sin garantías, pero obligatoria
Durante esta primera etapa, los interesados en participar del cramdown deberán presentar un escrito en el expediente judicial con su individualización completa, contratos sociales, poderes, constitución de domicilios procesales y el pago de las boletas iniciales. Por el momento no se requerirá ningún depósito en concepto de garantía o seriedad de oferta, pero la inscripción será un requisito excluyente para avanzar luego con las ofertas formales.
Una vez cerrado este pre-registro, el tribunal podrá convocar a una audiencia para que los interesados informen sus necesidades de acceso a documentos contables, se fijen las condiciones de presentación de las propuestas, los montos para mantenerlas vigentes y el cronograma para alcanzar las mayorías. La expectativa es que, tras estos pasos, el destino de la compañía quede finalmente definido antes de fin de año.
Crisis estructural y advertencias de los interventores
Mientras tanto, los interventores designados por el propio Lorenzini, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, presentaron recientemente un informe crítico de más de 80 páginas, donde describieron un escenario “extremadamente complejo” y advirtieron que “se ha perdido un tiempo precioso”. El documento alertó que la deuda posconcursal ya asciende a u$s30,5 millones, cifra que incluye salarios, servicios, impuestos y pagos a la firma Renova, mientras que el capital de trabajo es negativo en u$s32 millones.
Además, detectaron que aún existen filiales en Uruguay y Europa sin actividad, con fondos en el exterior que podrían repatriarse, y recomendaron cerrar esas sociedades para frenar gastos. También reclamaron reordenar la planta de personal, tras identificar casos de empleados sin tareas asignadas, incluso familiares de exdirectivos y accionistas que siguen cobrando, y suspendieron acuerdos de desvinculación firmados por el anterior directorio, cuyos integrantes están imputados penalmente.
Fuente Ámbito