La ceremonia fue encabezada por la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, quien destacó que el ejercicio de la abogacía en el fuero federal implica un compromiso con la defensa de los derechos, las garantías constitucionales y el Estado de Derecho.
Un total de 29 abogados prestaron juramento este lunes ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y quedaron formalmente incorporados a la matrícula federal, tras cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 22.192.
La ceremonia se realizó en la sede del máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación en el distrito y fue presidida por la titular de la Cámara Federal, Rocío Alcalá, quien tomó el juramento de fidelidad en el ejercicio de la profesión a los nuevos matriculados.
Los profesionales habilitados para actuar ante la Justicia Federal son Alfio Agustín Bertoldi, María Isabel Cardozo, Silvana Cecilia Escalante, Mateo Fernández, Kevin Joel Alan Karpf, Leonardo Darío Pintos, Rocío Belén Valiente, Patricia Samanta Di Benedetto, Javier Francisco Augusto Fernández, Hugo Félix Damián Godoy, Hugo Roberto Godoy, Jessica Libertad Gómez, Gimena Cecilia González Gamarra, Gisela Vanesa López Bravo, Alberto Ramón Pértile, Claudia Aldana Reggiani, Juan Cruz Veloso, Gilda Guadalupe Ballesteros, Reinaldo Lorenzo Blanco, Arnaldo Sebastián Bogado, María Ayelén Flores, Ítalo Gialdroni, Patricia Elisabeth Harnisch Díaz, María Cristina Loto, Gastón Emanuel Miño, Saturnino Adolfo Rolón, Tomás Sebastián Sorba, María Fernanda Vargas y Carla Macarena Soledad Velazco.
Durante el acto, Alcalá dio la bienvenida a los nuevos matriculados y destacó el significado institucional de su incorporación al ámbito federal. Señaló que la matrícula federal “no es solamente una habilitación profesional”, sino que representa la integración a una función de servicio vinculada con la defensa de los derechos, las garantías constitucionales y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La magistrada también sostuvo que el juramento implica asumir una responsabilidad que trasciende los intereses particulares de cada expediente y que exige actuar con ética, respeto y profesionalismo, teniendo presente que detrás de cada proceso judicial existen personas que esperan respuestas justas y oportunas.
Finalmente, remarcó que la calidad del servicio de Justicia depende no sólo del trabajo de jueces y funcionarios, sino también del desempeño cotidiano de los abogados, quienes comparten la responsabilidad de preservar el decoro, la buena fe y el respeto mutuo que deben regir la actuación judicial.