Se trata de cinco investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Conicet procesados por haber utilizado en beneficio propio las instalaciones, equipamientos e insumos de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de esa casa de estudios.
El Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Arturo Ochoa, dictó el pasado miércoles el procesamiento de seis personas vinculadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por delitos contra la administración pública, dado que se les imputa haber utilizado en beneficio propio las instalaciones, equipamientos e insumos de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de esa casa de estudios. La causa avanzó con el impulso del titular de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, Rodolfo José Cabanillas, quien tiene a su cargo la investigación del caso -delegada por el juez- y solicitó los procesamientos.
La lista de personas incluye a cinco investigadores y docentes acusados por hechos de peculado, administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública, junto con un tercero ajeno a la comunidad científica, procesado por encubrimiento, por ocultar computadoras y teléfonos celulares de una de las involucradas en la causa.
El caso
La causa se inició tras una emisión radial realizada en noviembre de 2024 en la que un abogado manifestó que era patrocinante de una docente de la Facultad de Ciencias Exactas que había denunciado irregularidades internas. De acuerdo a esta entrevista, la denunciante habría aportado pruebas de que los imputados utilizaban recursos de la universidad en beneficio propio.
El abogado señaló puntualmente que la firma AB Agrobiotech Diagnóstica ofrecía servicios privados de diagnóstico a través de redes sociales utilizando laboratorios y equipos pertenecientes a la UNRC. A partir de su testimonio, la Fiscalía Federal ordenó una serie de medidas de prueba que incluyeron allanamientos, intervenciones telefónicas y levantamiento del secreto bancario y fiscal, en los que -según indicó el fiscal en su presentación- “se detectaron por parte de los imputados un concierto de voluntades tendientes a ocultar prueba, elementos e instrumentos del delito”.
De acuerdo a la imputación del fiscal, entre enero de 2022 y abril de 2025 los imputados utilizaron laboratorios, insumos y equipamiento de la UNRC para realizar actividades privadas a través de la firma “A&B Agrobiotech Diagnóstica”, que ofrecía servicios de diagnóstico y ensayos biotecnológicos, empleando recursos públicos sin contar con ningún tipo de autorización institucional.
Según describió la fiscalía, las actividades incluían ensayos microbiológicos, pruebas con plantas en cámaras de crecimiento e invernadero y análisis de bioinsumos para compañías de distintos puntos del país. Para llevar a cabo esta actividad, dos de los acusados encabezaban la organización y se encargaban de conseguir clientes y gestionar los trabajos, mientras que los tres investigadores restantes ejecutaban los ensayos en los laboratorios.
El fiscal puso de relieve que los acusados realizaron el uso indebido tanto de insumos (placas de Petri, solventes, alcohol y materiales reactivos) como de cromatógrafos y cámaras de flujo laminar en tareas que se realizaban en horarios laborales y también durante fines de semana.
Precisó que algunos de los pagos eran realizados a los investigadores de forma directa, mientras que en otros casos también se las hacía pasar como realizadas dentro de convenios institucionales de la UNRC. “En todos estos casos, los réditos económicos eran personales, generando un perjuicio patrimonial a la Universidad Nacional de Río Cuarto quien, con motivo de las maniobras efectuadas por sus funcionarios imputados, se vio privada de obtener estos recursos económicos”, sostuvo el fiscal en la imputación.
De acuerdo a la investigación, un sujeto ajeno a las actividades científicas, acusado de encubrimiento, ayudó a uno de los acusados a ocultar su computadora y su teléfono celular ante un inminente allanamiento. Ambos dispositivos fueron secuestrados en su domicilio veinte días después.
A lo largo de la pesquisa se incautaron documentos, insumos de laboratorio y dispositivos electrónicos de los domicilios de los imputados y de la propia UNRC. Los análisis posteriores confirmaron movimientos económicos y comunicaciones por servicios de mensajería que respaldan la hipótesis fiscal.
En su auto de procesamiento, el juez Ochoa sostuvo que los acusados actuaron en simultáneo como particulares y a la vez como docentes e investigadores del CONICET y de la universidad, lo que configuró un claro conflicto de intereses, ya que “los réditos económicos eran personales, generando un perjuicio patrimonial a la Universidad Nacional de Río Cuarto”.
El juez también resaltó la relevancia institucional de ambos organismos “no sólo por su función sustantiva en la generación y transmisión del conocimiento, sino también por su rol insustituible en el fortalecimiento de la ciudadanía democrática”. En ese sentido, consideró que “el uso indebido de bienes públicos en provecho particular compromete no sólo el patrimonio estatal sino también la confianza social en las instituciones de ciencia y educación”.
Fiscales