La presentación judicial será realizada a mediodía por el secretario general del gremio, Andrés Rodríguez, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57 ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el gremio comunicaron que se trata de “una acción de amparo colectiva” para que se ordene al Estado “el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales”. Asimismo, aclararon que no busca interferir ni reemplazar las acciones judiciales individuales que se encuentran en curso.
El sindicato de trabajadores públicos nacionales calificó los despidos como “actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios” y denunció que se vulneran derechos establecidos en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra al trabajador público como “sujeto de preferente tutela”, garantizándole estabilidad propia en el empleo.
“Bajo la excusa de supuestas auditorías se ha despedido personal contratado en 2023, pero también contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente, sin que esas desvinculaciones respondan a lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado y sin atender ninguna dotación necesaria con respecto a la política pública que se brinda en cada sector”, advirtió el gremio.
La organización sindical se declaró “en estado de alerta y movilización permanente” ante el “atropello, por demás injusto y desmedido” del gobierno de Milei. Ante ello, adelantó que desplegarán acciones gremiales y judiciales “para revertir esa situación, dispuesta como siempre a establecer el necesario diálogo que permita a las autoridades expresarse sobre cuál es la situación real del empleo público en su conjunto”.
Este miércoles por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los miles de despidos y confirmó que ascienden a 15.000 y no alcanzan la cifra de 70.000 que había expresado el presidente Javier Milei anteriormente. “El número final de contratos no renovados en el Estado ronda los 15.000”, dijo el funcionario de La Libertad Avanza (LLA).
Al mismo tiempo, el Gobierno dispuso este miércoles que los contratos laborales de la administración pública nacional que vencían el 31 de marzo podrán ser renovados por tres meses más, hasta el 30 de junio de 2024, al tiempo que también prorrogó un decreto del gobierno anterior que restringe la contratación de nuevos trabajadores públicos.
La semana pasada, Javier Milei anticipó en el Foro Económico Internacional de las Américas que “caerán 70.000 contratos”. Aunque desde el Gobierno precisaron que 70.000 son los que están en “revisión” y que las bajas “serán por etapas”.
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