En discrepancia con la iniciativa oficial de Libertad Educativa, la norma es impulsada por Mendoza y defiende una herramienta estratégica. Plantea que “la reforma educativa es estructuralmente inviable si se desvincula de la solidez financiera” y considera que la inversión no puede ser una variable de ajuste, sino “la palanca de la transformación”.
Entre las reformas legislativas que presentarán este año, el presidente Javier Milei consideró anteanoche que son necesarios cambios en la educación inicial, primaria y secundaria. Lo cierto es que, en paralelo al ya anunciado – pero nunca formalizado en el Congreso – proyecto de ley de libertad educativa del Gobierno, avanza una iniciativa que estudian al menos diez ministros de Educación y busca blindar el financiamiento.
“Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo. Las estadísticas son apabullantes. Por eso, durante nuestro gobierno, las escuelas servirán a su propósito original de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para adoctrinarlos”, dijo Milei ante la Asamblea Legislativa, sin dar precisiones.
En el proyecto libertario, el Gobierno define la educación como “el derecho de toda persona, por sí o asociada con otras, a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos humanos”. Fue presentado con el informe final del Consejo de Mayo, con foco en la autonomía de las escuelas, el rol de las familias y el monitoreo del Estado. De aprobarse en el Congreso, la iniciativa derogaría la actual ley de educación nacional (N° 26.206), que rige desde 2006.
Pero el borrador no cuenta con el aval de las provincias y tampoco con fecha oficial de presentación en el Parlamento.
Y, pese a que circuló entre las opciones como uno de los que Milei presentaría con la apertura de sesiones, finalmente anteanoche no hubo una referencia concreta. Desde Capital Humano señalan que ellos entregaron el proyecto, que ahora está en manos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
En paralelo, una iniciativa impulsada por la provincia de Mendoza busca blindar el financiamiento federal y lo considera la herramienta estratégica. Según pudo saber La Nación, fue presentada en el Consejo de Mayo por el gobernador Alfredo Cornejo, en representación de las provincias. Pero luego no fue incluida en las propuestas que dejó ese comité.
Ahora, los ministros esperan que se trate en el Consejo Federal de Educación (CFE), que se reunirá por segunda vez en el año el próximo 18 de marzo. El texto, titulado “Ley Bases para el Financiamiento Educativo Federal”, plantea que “la reforma educativa es estructuralmente inviable si se desvincula de la solidez financiera” y considera que la inversión no puede ser una variable de ajuste, sino “la palanca de la transformación”.
Pérdida de inversión
Desde que empezó la gestión libertaria, se perdió un 47,7% de la inversión en educación, según cálculos de Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP/UBA-Conicet). Hoy, hay uno de cada dos pesos invertidos al final de la gestión anterior. Y el panorama no parece mejorar en 2026, ya que, de mantenerse la inversión del presupuesto, implicaría un ajuste del 7,5% en términos reales comparado con 2025.
“Ese 8% que había anunciado Milei se revirtió y con los datos de la economía de hoy, donde la inflación es más alta que la que había previsto el Gobierno, el ajuste se incrementaría durante este año”, señaló Curcio, también referente de Argentinos por la Educación.
El gobierno de Milei también derogó el artículo que exige que el gasto educativo sea como mínimo del 6% del PBI. Desde su creación en 2005, de todos modos, esta meta solo se cumplió en 2015.
Según los fundamentos del proyecto que impulsan las provincias, consideran que las reformas pasadas “han demostrado su inviabilidad estructural al concebir el financiamiento como un mero mecanismo operativo posterior, en lugar de un requisito sine qua non para cualquier cambio real”.
En la práctica, en un intento por revertir la derogación de esta meta, fijan un piso presupuestario irrenunciable: el presupuesto anual no podrá ser inferior a la suma efectivamente ejecutada en el ejercicio anterior y la actualización anual estará determinada por el índice que resulte mayor entre la variación del índice de precios al consumidor (IPC) o el aumento de la masa salarial docente.
El proyecto
En busca de superar las disparidades históricas, el proyecto propone el Mecanismo Federal de Compensación Educativa, mediante el cual recibirían mayores recursos aquellas jurisdicciones con mayor índice de vulnerabilidad socioeducativa. El cálculo no está especificado y dependerá de la reglamentación.
También pretende plasmar las “prioridades estratégicas nacionales” para la distribución de las transferencias federales: serían obligatoriamente dirigidos a ampliación de salas de 3 y 4 años, fortalecimiento de la alfabetización inicial, la formación docente y acompañamiento activo de trayectorias y garantía de terminalidad en secundaria.
Crearían también el Fondo Federal Único de Becas Educativas, con el objetivo de que sean las propias provincias las que decidan cómo priorizar la asignación en sus jurisdicciones en función de niveles, criterios de desempeño como asistencia regular, la acreditación de logros mínimos de aprendizaje o zonas geográficas.
Esa misma lógica aplicaría al Fondo Federal de Estímulo al Desempeño Docente, que vincularía la transferencia de partidas al cumplimiento de metas de calidad en gestión. Entre los incentivos, detallan: por arraigo, por profesionalización, por universalización (lograr la universalización efectiva de salas de 3 y 4 años) o por jornada extendida.
En tanto, un Fondo Federal Único Rotativo Provincial pretende agilizar la inversión en infraestructura y equipamiento al unificar todos los programas vigentes transfiriendo a las provincias los recursos destinados a renovación de edificios, equipamiento y bienes de capital. Una porción específica de este fondo estará condicionada a planes de equipamiento tecnológico y conectividad.
También buscan reformar la educación técnico-profesional: reducir su duración a cinco años, crear un sistema de créditos que reconozca saberes previos y promover un sistema dual de certificación de oficios con validez nacional antes de la obtención del título para una inserción temprana en el mercado laboral.
En esa línea, promueven además conformar consejos consultivos regionales con representantes del sector privado para fortalecer nexos entre el aula y el mundo laboral acompañando con fondos prácticas profesionalizantes obligatorias y remuneradas.
Por último, el proyecto plasma la rendición de cuentas: publicación trimestral de la ejecución de fondos bajo principios de Gobierno Abierto, la creación de la Base de Datos Federal Unificada compatible con el Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide) y la implementación de auditorías periódicas e independientes.
La Nación