El juez Gallardo, al frente del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había hecho lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La medida intimaba al Gobierno de la Ciudad a coordinar el operativo de seguridad para la movilización de este miércoles, un día antes del paro general contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Implicaba que sólo podía intervenir la Policía de la Ciudad.
Pero los jueces Fabiana Schafrik y Pablo Mántaras de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, fallaron en contra de lo que buscaba Gallardo: acotar la participación de las fuerzas federales en la marcha al Congreso que encabezará la CGT.
Quienes pidieron el amparo plantearon que en la marcha del 12 de marzo “se habrían verificado hechos de represión” y las fuerzas federales obraron “sin contar con una autorización para ello”.
Gallardo consideró que existía un riesgo de “lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA”.
Según informaron desde el Gobierno porteño, “los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik sostuvieron que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos. Además, resaltó la existencia de un expediente anterior con objeto similar, lo que refuerza la decisión de archivar la causa”.
A raíz de esto, la resolución judicial estableció que quienes promovieron el amparo tienen la posibilidad de reformular su presentación ante la justicia federal,si así lo consideran.
Desde la sede gubernamental de Uspallata enviaron el recurso, rubricado por el Dr. Agustín Luzzi —Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA—, que fue remitido con carácter urgente a la Cámara.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, por su parte, afirmó que “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
La denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional al juez Gallardo
Este lunes, el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra el juez Gallardo, acusándolo de presunto mal desempeño de sus funciones.
La presentación fue realizada por Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, y se originó a partir de un fallo en el que el magistrado hizo lugar a un amparo promovido por la CGT, la UTEP y la UEJN.
En esa presentación, los gremios solicitaban que las fuerzas de seguridad federales no participaran en las manifestaciones previstas en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que en protestas anteriores se habían vulnerado derechos.
El argumento central de la denuncia del Gobierno nacional se basa en la supuesta falta de competencia del juez Gallardo para resolver sobre cuestiones de seguridad que, según indicaron, exceden sus atribuciones como juez local. Desde el Ministerio que encabeza Bullrich señalaron que su accionar violó la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N° 24.059) e invadió facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
El escrito presentado sostiene que el juez intervino indebidamente en atribuciones que corresponden al Ejecutivo, con una postura considerada parcial e influida por criterios ideológicos. En ese sentido, argumentaron que “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo que, según los denunciantes, configura un caso de mal desempeño.
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