La investigación se inició el 7 de febrero con un requerimiento de instrucción.
El de PNUD, es uno de uno de los dos procesos licitatorios que la ministra activó en febrero del año pasado, cuando comenzaba a escalar el reclamo de las organizaciones sociales por el reparto de mercadería para los comedores comunitarios.
Pettovello cerró un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por una cifra cercana a los 7000 millones de pesos y otro con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el que ahora está bajo observación, por 14.000 millones de pesos, para comprar arroz, fideos y leche en polvo.
Ese dinero fue hacia los organismos para que ellos, comisión mediante, se ocuparan de poner en marcha el proceso licitatorio y ejecutaran la compra de la mercadería.
Según la denuncia, realizada por el abogado y dirigente peronista Leonardo Hernán Martínez Herrero, con la disposición firmada, la ministra excedió el monto habilitado de compras sin la firma del jefe de Gabinete, que en ese entonces era Nicolás Posse.
El fiscal busca determinar si Pettovello “se encontraba autorizada a transferir al PNUD la suma de pesos catorce mil millones ($14.000.000.000) sin la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, según dice el requerimiento de instrucción, al que tuvo acceso este medio.
La denuncia también pone el ojo en la comisiones. Por prestar esos servicios de compra, el PNUD cobra un 3% en concepto de “costos”.
Por ello, el fiscal también apunta a “indagar todos los aspectos relacionados con la transferencia de aquellos fondos al PNUD, y con el pago realizado en concepto de gastos de gestión (420 millones de pesos), a fin de verificar si las asignaciones y la utilización de los fondos se ajustó a lo dispuesto por las normativas legales aplicables”.
Al PNUD, el fiscal le solicitó un informe sobre su participación en la operatoria, el detalle de la trazabilidad de los catorce mil millones de pesos y documentación relativa a la ejecución de la compra; a la Jefatura de Gabinete, el fiscal le pidió la resolución con la cual se instruyó el convenio, información sobre el plan que enmarcó el acuerdo, y las constancias y registros relacionados con la transferencia del dinero.
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal número 12, que subroga Ariel Lijo.
No es la primera vez que los convenios con los organismos internacionales quedan en la mira de la Justicia. En paralelo a la compra de alimentos, el Ministerio firmó un convenio con la OEI para realizar contrataciones de personal, un mecanismo previsto para adquirir los servicios de profesionales para trabajos puntuales, pero que se usó para pagarles a funcionarios del propio ministerio, según pudo averiguar este medio.
Sobre este hecho, se abrieron al menos tres investigaciones: una tramita en la Oficina Anticorrupción, otra en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y otra en la justifica federal de Comodoro Py, en la fiscalía de Ramiro González, que investiga si, bajo ese mecanismo de contratación, existieron empleados fantasmas dentro de la secretaría social.
La Nación