El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que se suspendieron en esa provincia en un plazo de 24 horas.
La decisión la tomó el juez Guillermo Díaz Martínez a partir de una acción de amparo promovida por el Defensor del Pueblo de Catamarca, beneficiarios particulares y una entidad de la sociedad civil. Además, Díaz Martínez dispuso que el organismo se abstenga de realizar nuevas suspensiones mientras se sustancia la causa.
Los denunciantes argumentaron su presentación en las auditorías médicas implementadas de manera irregular por la ANDIS y bajo parámetros normativos cuestionados, como el Decreto 843/24, que volvió a instalar criterios restrictivos de acceso a las pensiones.
El amparo presentado por el Defensor del Pueblo catamarqueño y particulares también denunció las deficiencias en las notificaciones enviadas por el ANDIS, exigencias desproporcionadas en traslados para validar las pensiones y plazos exiguos para presentar documentación. Los denunciantes sostuvieron que esas condiciones afectaron la posibilidad de ejercer una defensa administrativa adecuada.
Tal como lo hizo la Corte Suprema a fines de agosto, el titular del Juzgado Federal Nº 2 marcó en su resolución la legitimación extraordinaria al Defensor del Pueblo de Catamarca para actuar en representación del grupo afectado y exigió que se subsane la vacancia prolongada en la Defensoría del Pueblo de la Nación, como también la falta de una ley que regule las acciones colectivas.
En ese marco, Díaz Martínez consideró fundado el derecho de los denunciantes y acreditado el peligro en la demora, por el carácter alimentario de la prestación y la vulnerabilidad de la población afectada.
Página/12