Organismos de derechos humanos de la Provincia de Tucumán denunciaron en la Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los megaoperativos de detenciones masivas que la Policía tucumana viene llevando adelante en barrios populares de la provincia.
Los califican como razzias con características similares a las de la dictadura, en el marco de un “plan sistemático” de violaciones de derechos que incluyen detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial y hasta robos de bienes por parte de los agentes. Todo esto con el aval del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo el mando del comisario Joaquín Girvau, jefe policial que hace unos meses declaró que “los delincuentes nacen y mueren delincuentes” y que justifica los operativos como “prevención” del narcotráfico.
La denuncia penal la llevaron a cabo los abogados Carlos Garmendia y Fernando Korstanje en representación de las organizaciones de la sociedad civil de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Además de Girvau, allí también denunciaron al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte de la Policía, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez respectivamente. Aunque los megaoperativos se vienen desplegando en casi toda la provincia, los abogados hicieron especial hincapié en esa regional porque “los hechos de mayor relevancia y aberración han ocurrido en esa jurisdicción”.
De todos los operativos, la denuncia focaliza especialmente en dos: el ocurrido la noche del 4 de octubre en los barrios Mariano Moreno, Los Pocitos y Tafí Viejo, del que este diario informó en su momento, y uno posterior realizado el 21 de noviembre en el barrio Yerba Buena. Allí, aseguran, se registró un “proceder ilícito del personal policial con la forma habitual de actuar durante la última dictadura genocida cívico militar”.
“Cual tropa de invasión en territorio enemigo, ingresaron a las viviendas de muchos vecinos, sin orden judicial y procedieron a llevarse detenidos a muchos de sus habitantes, llevándose también motocicletas y robando electrodomésticos en muchos casos”, describen sobre el primero de los operativos, con un saldo final de 143 detenidos, de los que 105 no resultaron acusados de ningún delito, y 90 vehículos –bicicletas, motos y autos– secuestrados. En la denuncia se agrega que “el personal policial de las comisarías se vio obligado a ‘documentar’ estas detenciones, fraguando sumarios contravencionales y causas por ‘atentado y resistencia a la autoridad’”.
Con respecto al segundo operativo, el de Yerba Buena, los abogados también indican que “los policías ingresaron sin órdenes judiciales a muchas casas, llevándose de su interior a personas, vehículos y otros bienes”. Allí hubo alrededor de 200 aprehendidos, mientras que las organizaciones debieron presentar hábeas corpus por 58 personas. En los barrios, a los operativos ya le pusieron un nombre popular. Se trata del “trencito”, por el modo en que los policías se colocan en hilera, uno detrás del otro, y van pasando casa por casa sin ningún motivo que lo justifique.
En la denuncia se detalla que este tipo de operativos no son inusuales en la provincia sino que las aprehensiones ilegales comenzaron ya en 2012 con el denominado Operativo Ciudad Segura, “que implicaba el recorrido de personal policial en algunos barrios predeterminados, donde se procedía a la privación de la libertad de transeúntes”. Ahora, sin embargo, Garmendia y Korstanje sostienen que desde el nombramiento de Girvau por parte de Jaldo el método se transformó en un “plan sistemático” de operativos que son “casi un calco de las ‘razzias’ de la dictadura”.
A diferencia del de octubre, las denuncias por el último megaoperativo de noviembre llegaron a escalar en los medios locales generando una polémica que obligó al propio Jaldo a salir a hablar sobre ello. El gobernador respaldó a Girvau al asegurar que “la gente pide seguridad” y que “la policía está haciendo todo dentro de la ley”. “Los operativos los vamos a seguir haciendo, corremos riesgo de que alguien nos denuncie, pero no nos van a parar”, agregó Jaldo. Antes, el jefe policial había justificado los operativos como forma de “prevención”, no sin antes repartir frases como “los delincuentes nacen y mueren delincuentes”, “no conozco a uno que se haya reinsertado en la sociedad” o “van a terminar muertos cuando enfrenten a la policía”.
Esas frases y los operativos ya le habían valido una denuncia ante la CIDH de la asociación Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). Según explicó a este diario su directora ejecutiva, Florencia Vallino, se remitió una carta a la comisión “para que pida información al Estado argentino y en particular al tucumano sobre estos operativos masivos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales”. Vallino sostuvo que los operativos “son cada vez más numerosos y cobraron mayor intensidad desde agosto multiplicados en distintos barrios”.
“La postura del jefe de policía nos genera gran preocupación porque, desde la función pública, con sus declaraciones fomenta el enfrentamiento entre distintos sectores de la sociedad, incitando y legitimando la violencia institucional, el uso desproporcionado de la fuerza estatal y las ejecuciones de ciudadanos por parte de efectivos policiales”, advierten desde ANDHES. Además de la presentación ante la CIDH, la asociación también llevó el caso al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas.
En el plano local, y en su rol de representante ante el Comité contra la Tortura, Korstanje también remitió su denuncia a la defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nacional. Pidió mediante una nota su “urgente intervención”, ya que en los operativos “menores de edad fueron sometidos a experiencias traumatizantes”. “Fueron apuntados con armas largas, obligados a arrodillarse en el suelo y clamar por sus vidas, aterrorizados, mientras presenciaban cómo sus padres eran arrastrados fuera de sus viviendas, golpeados brutalmente”, alertaron.
Página/12