Sosa se encontraba prófugo desde abril de 2022 y pesaba sobre él un pedido de captura nacional e internacional por causas federales vinculadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, asociación ilícita y maniobras con bienes de origen delictivo. Por su localización, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos.
El procedimiento que permitió su captura fue el resultado de una investigación conjunta entre el Departamento de Investigaciones Complejas Interior de la Policía del Chaco y el Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Las fuerzas chaqueñas habían activado alertas de búsqueda en distintas zonas del conurbano sur, lo que posibilitó la interceptación de un vehículo Toyota negro en jurisdicción de la Comisaría Quinta de Villa Fiorito.
Durante el operativo, el hombre intentó evadir a la justicia presentando un documento falso, pero la verificación morfológica y de datos personales confirmó su identidad. Inmediatamente fue detenido y se procedió al secuestro del vehículo. Posteriormente se concretó el exhorto judicial para su traslado al Chaco.
La causa contra Ariel Sosa está radicada en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña e involucra delitos tipificados en los artículos 303 y 304 del Código Penal, referidos al lavado de activos.
El “Clan Sosa” es una organización criminal originaria de Sáenz Peña, ampliamente señalada por su rol en el tráfico de estupefacientes. Se investiga que importaban cocaína desde Bolivia y marihuana desde Paraguay. En 2016, nueve de sus miembros fueron condenados por narcotráfico y se estima que al menos 70 personas estarían vinculadas al entramado.
Además, en febrero de 2024, otro de sus líderes, Hugo Sosa, se entregó tras estar prófugo durante dos años. La Justicia también investiga presuntos vínculos del clan con el ex conjuez Miguel Aranda, actualmente procesado, quien habría brindado información privilegiada sobre operativos policiales.
Diario Época