Sorpresivamente, y tras los reclamos de varios gobernadores y diputados de diferentes espacios, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció durante una conferencia de prensa que las autoridades nacionales decidieron quitar del paquete de proyectos todos los puntos que generaban polémica.
“Los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente”, sentenció el titular del Palacio de Hacienda.
De esta manera, cuando la iniciativa comience a ser tratada a partir del martes próximo, no incluirá el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, el aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria.
Anteriormente, ya se habían sacado la implementación del juicio por jurados a nivel federal, a YPF del listado de empresas públicas a privatizar, la ley de salud mental, la de sociedades, la reforma electoral y las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, entre otras.
El viernes por la tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió en el Congreso con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y luego ambos, junto al asesor parlamentario Eduardo “Lule” Menem, se dirigieron a la Casa Rosada.
Unas horas más tarde, también arribó “Toto” Caputo, quien luego daría la conferencia de prensa en la que anunció los últimos cambios al paquete, con el objetivo de lograr un consenso y que se aprueben la mayor cantidad posible de las iniciativas.
Así las cosas, la ley que se votará en Diputados será sustancialmente distinta a la original, aunque mantendrá varias de las reformas que propuso el presidente Javier Milei, especialmente en cuestiones administrativas, de control del Estado y de promoción del empleo formal.
Por ejemplo, seguirá vigente la posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la iniciativa para simplificar y digitalizar varios trámites; la reventa de entradas deportivas y las sanciones a los piqueteros y para quienes organizan cortes de calle, aunque no participen del mismo.
En el ámbito educativo, se mantienen los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente, mientras que en cuanto a la política, se restringirán los actos, programas, obras, servicios y campañas.
En materia laboral, no se elimina el apartado para perdonarles las multas a quienes decidan regularizar a sus trabajadores, incluidas aquellos contratos que se hayan celebrado antes de la eventual promulgación de esta norma.
También permanece la iniciativa para transferir los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional, todo lo referido con bioeconomía, la ley de pesca (con las modificaciones que se hicieron a la hora del dictamen) y las modificaciones para la legislación de los hidrocarburos.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se unificarán en el denominado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad; desaparecería el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Respecto de la situación del Estado, se conservan los artículos que ordenan una “simplificación, digitalización y desburocratización administrativa” de varios trámites, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos”.
En este sentido, se indica, por ejemplo, que “todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos”, para lo cual se creará la Ventanilla Única de la Administración Pública Nacional
“Este proceso de conversión deberá concretarse en un plazo que no exceda de los dos (2) años desde la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional preverá lo necesario para la efectivización de este proceso, así como las excepciones que fueren necesarias”, se detalla.
Por último, aunque se achicó el plazo a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.
Esto le dará al Poder Ejecutivo la posibilidad de contar con “facultades legislativas” para avanzar con diferentes medidas en cada una de las áreas mencionadas, sin tener que cumplir con los tiempos parlamentarios.
Infobae