Con la Ley de Emergencia Pediátrica aprobada y judicializada, el Ejecutivo libertario no tuvo más opción que cumplir. El Gobierno había hecho de la negativa una bandera, pero “ganó una causa nacional”.
Vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, resistió su aplicación y acusó al Congreso de “irresponsable”. Pero, tras la presión judicial y la persistencia gremial, terminó cumpliéndola. Los trabajadores del Hospital Garrahan lograron un aumento del 61% en el salario básico, retroactivo a octubre y con el bono vigente. “Ganaron las y los trabajadores del Garrahan: ganó una Causa Nacional”, festejó en redes sociales la asociación que agrupa a los profesionales y técnicos que trabajan en el centro de salud.
El texto de la ley – que Milei intentó enterrar – declara por un año la emergencia en salud pediátrica y obliga al Estado a priorizar recursos para hospitales, insumos y salarios. También restituye derechos a los residentes y exime del impuesto a las Ganancias a quienes trabajan en áreas críticas. En los hechos, representa un giro forzado de la Casa Rosada, que debió asumir una derrota política frente a un reclamo imposible de silenciar.
“Ahora vamos a esperar que se efectivice lo que informa la dirección del hospital en un comunicado oficial y esperamos que se cumpla en todos los términos”, agregaron desde el gremio APyT y le agradecieron “a todos los que hicieron parte de este reclamo histórico”.
Seis meses de huelgas, asambleas y resistencia
Nada fue gratuito. El camino fue largo, desgastante y atravesado por la incertidumbre. Durante seis meses, el personal del Garrahan sostuvo huelgas, marchas y asambleas en medio del ajuste más severo de los últimos años.
La crisis golpeó tan fuerte que muchos profesionales decidieron emigrar; algunos se trasladaron a otros centros de salud y otros directamente dejaron el país en busca de mejores salarios, cansados de la angustia cotidiana y del desgaste de una pelea que parecía no tener fin.
Y aunque ahora el Gobierno intenta presentarlo como un triunfo de la “gestión libertaria” – con posteos en redes que lo muestran como una administración eficiente de los recursos -, la realidad es otra: no tuvo alternativa. El Ejecutivo terminó aplicando la ley por obligación, presionado por la Justicia, la movilización gremial y el amplio respaldo social que acompañó la lucha del hospital.
Así, la ley que el Gobierno intentó frenar se convirtió, finalmente, en la herramienta que garantizó derechos y recuperó dignidad laboral.
Página 12