El reclamo más urgente es por el pago del 70% de los salarios adeudados, ya que la empresa apenas abonó el 30% de los haberes de febrero argumentando falta de flujo financiero para completar sus obligaciones laborales. La empresa arguyó falta de caja impide afrontar los pagos y cargó responsabilidades sobre la Justicia, que bloquea su plan de concurso de acreedores, con fuertes quitas y largos plazos.
Los trabajadores vienen sosteniendo asambleas y medidas de fuerza en todas las plantas, pero ante la falta de respuestas intensificaron la protesta con un corte total de la autopista.
La decisión de Vicentin de abonar solo el 30% del salario de febrero había motivado el anuncio de un paro nacional de trabajadores aceiteros, que finalmente no se produjo. En la noche del último martes, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).
Voceros que conocen el rubro y estuvieron cerca de las negociaciones deslizaron que el retraso de los pagos, y la consecuente inducción de una medida de fuerza gremial generalizada que arrastre a otras empresas, era una jugada de la conducción de Vicentin para presionar a la Justicia ante la inminencia de serios perjuicios económicos en el sector.
Daniel Succi, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo, afirmó que la empresa triplicó su producción desde 2023 y que por lo tanto no hay justificativos para admitir el atraso salarial en las plantas del cordón industrial del Gran Rosario y el norte santafesino.
Los gremios aceiteros emitieron un comunicado esta semana en el que señalan que «Ante la Secretaría de Trabajo, Vicentin ha manifestado que tiene contratos con empresas como Bunge y ACA por 12 años, los cuales garantizan el pago de los costos de producción y los salarios. Estos contratos se harían operativos una vez homologado el acuerdo preventivo de acreedores, acuerdo que ha sido rechazado por el Juez del concurso y por la Corte Suprema de Santa Fe».
El futuro de Vicentin, no obstante, se debate entre ese acuerdo de acreedores y otra salida: el cramdown o salvataje. Los lobbys en uno y otro sentido tensan la cuerda. En el medio, quedan los trabajadores.
Fuente: El Ciudadano