Crecen los rumores de cambios de postura entre aliados provinciales al calor del crecimiento del rechazo social al proyecto que elimina las limitaciones a la adquisición de tierras productivas por parte de capitales foráneos.
En el que tal vez sea el último intento de discutir el proyecto, el oficialismo en el Senado que lidera Patricia Bullrich (Capital) tendrá esta semana el duro desafío de aprobar el proyecto de ley denominado de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que elimina las restricciones vigentes a la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos o a empresas de capitales extranjeros.
La parada no parece fácil para la Casa Rosada. La jefa del bloque oficialista tendrá que lidiar con un creciente rechazo social a la extranjerización de tierras que empieza a traducirse en la pérdida de apoyos de los bloques dialoguistas que podrían dejar al Gobierno sin la razón de ser de la iniciativa.
A las luces de alarma que se encendieron ante la presión de diferentes actores sociales de su provincia que desde hace tres semanas vienen recibiendo los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se suma la fuerte resistencia de varios senadores radicales a quedar apoyando un proyecto que cada día que pasa genera mayores quejas por la supuesta vulneración de la integridad territorial y de la soberanía del país que se estaría consagrando de convertirse en ley la eliminación de los actuales límites legales a la venta de tierras a extranjeros.
El panorama amenaza con complicarse más por los rumores que hablan de los reparos que tendrían a varios artículos del proyecto las senadoras de Chubut, la radical Edith Terenzi y Andrea Cristina (Pro), que, con matices, juegan alineadas con el gobernador Ignacio Torres (Pro). “Esto se define en los próximos dos días”, respondieron, en tono enigmático, en el despacho de una de las legisladoras patagónicas ante la consulta de este diario.
El rechazo social viene en franco crecimiento en las últimas semanas y promete cristalizar este jueves en una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso.
Uno de los más actores sociales más activos en su oposición al proyecto del gobierno libertario ha sido la Iglesia Católica, que desde el primer día que se discutió el proyecto en comisiones manifestó su rechazo. En aquel momento, la principal queja estuvo centrada en el capítulo que eliminaba el programa de regularización dominial en villas y barrios de emergencia, el que finalmente quedó afuera del texto que impulsa el oficialismo.
También se sumó al rechazo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha hecho de su militancia activa en redes sociales contra la extranjerización de tierras un motivo más para diferenciarse del gobierno de Javier Milei.
Este jueves está previsto que se reanude el cuarto intermedio al que pasó la sesión del Senado del 16 de julio último, justo cuando debía comenzar a discutirse el proyecto pergeñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En un combo armado como una pieza de relojería, el proyecto también busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para llevar a cabo expropiaciones de bienes privados e introduce cambios en varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por una catástrofe.
La causa de la última postergación, la tercera desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión y quedó habilitado para su discusión en el recinto, fue la falta de votos para aprobar el capítulo que elimina las barreras legales para que ciudadanos o personas jurídicas de otros países puedan adquirir tierras productivas que se impusieron en la denominada Ley de Tierras sancionada en diciembre de 2011, en los albores del segundo mandato de Cristina Kirchner.
La ley, que se encuentra vigente, estableció que no podrán enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental. A su vez, ninguna persona física o jurídica podrá tener la propiedad de más del 30% del cupo permitido.
El oficialismo pretende, según el último borrador del proyecto que acordaron Bullrich y Sturzenegger en un encuentro en el despacho de la senadora hace dos semanas, eliminar todo límite a la compra por parte de personas físicas y jurídicas privadas.
Para el caso de empresas con participación de estados extranjeros en su capital, se establece un sistema de “doble conforme” que requerirá la autorización de la provincia y de Nación. Queda sujeto a la reglamentación y a la potestad de las provincias definir cuáles serán los organismos públicos que tendrán en sus manos la facultad de dar la luz verde para las operaciones.
Tras el último fracaso por tratar el proyecto, Bullrich justificó la postergación del debate en las ausencias de varios senadores aliados que contaba apoyando el proyecto pero que se habían ausentado por viajes planificados con anterioridad a la convocatoria de la sesión.
-¿Están los votos para el 6 de agosto?, le preguntó LA NACION a la jefa del oficialismo en el Senado en un encuentro con la prensa acreditada en la Cámara alta luego de la reunión con Sturzenegger.
-“Están de vacaciones, pero van a venir”, respondió una Bullrich confiada mientras se le dibujaba una sonrisa pícara en su rostro.
Sin embargo, el panorama no parece tan claro por el momento. Según pudo saber este diario, al menos tres senadores radicales ayudaron a dar quórum en la sesión del pasado 16 de julio, lo que permitió que se aprobaran una treintena de pliegos judiciales, pero lo hicieron aclarando que no estaban dispuestos a votar el capítulo de tierras.
A este factor se sumó el ruido interno que generó la intervención de Sturzenegger que, en las horas previas a la sesión, le hizo llegar a varios senadores su rechazo a reconocer la potestad de que las provincias quedaran facultadas a fijar sus propios límites a la venta de tierras a extranjeros.
Esto provocó que varios legisladores plantearan sus dudas de votar un proyecto que, sospechaban, podía terminar en un veto parcial del Poder Ejecutivo. Eso también colaboró a que la jefa del bloque oficialista se viera obligada a pedir un cuarto intermedio que terminará este jueves.
La Nación