El organismo, que ya había intervenido en noviembre y diciembre del año pasado por hechos similares en dicha jurisdicción, exige medidas urgentes para detener estos hechos y que se avance con sanciones a los responsables.
En base a una presentación judicial realizada por el Comité en noviembre pasado, el juez Correccional 2 de Sáenz Peña, Carlos Augusto de Césare, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo a través del cual se ordenó al jefe de la Comisaría de Taco Pozo y sus subordinados que toda detención sea comunicada inmediatamente al juez competente y que se garantice a los detenidos la posibilidad de hacer saber de su situación a un tercero.
Fue el propio intendente de la localidad, Carlos Ibáñez, quien pidió la intervención del Comité ante la gran cantidad de casos de detenciones arbitrarias, amenazas y brutalidad policial.
Actualmente existen una serie de denuncias contra efectivos policiales de la localidad, principalmente contra el comisario Melchiori. Muchos testimonios se repiten en cuanto al modus operandi de los integrantes de la Comisaría: golpes, malos tratos, torturas y violencia verbal.
A esto se le suma un hostigamiento policial constante, detenciones arbitrarias, privaciones de libertad sin motivo, uso de armas anti tumulto con postas de goma en los espacios públicos de la localidad contra los ciudadanos sin motivo para su uso y utilización de gas pimienta. Incluso, una de las denuncias, refiere a que un bebé de 3 meses resultó afectado por el gas que arrojaron efectivos policiales de dicha comisaría.
Si bien en un primer momento el juez De Césare hizo lugar a la presentación del Comité, un mes cambió de opinión y decidió rechazarla. El 20 de diciembre pasado, el magistrado consideró que el accionar del personal de la comisaría de Taco Pozo “no configura un supuesto de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria” y por eso la acción de hábeas corpus colectivo y preventivo debía ser rechazada.
Continúan los abusos
A pesar de que los hechos se hicieron público, los abusos policiales continuaron. Durante este mes de febrero, el Comité recibió dos nuevas denuncias por parte de vecinos de dicha localidad, que tienen como protagonistas a dos hermanos: uno de ellos, menor de edad.
La primera se presentó el 12 de febrero pasado y fue realizada tras la detención y agresión a un niño de 13 años por parte del comisario Melchiori. Desde el Comité, se tomó contacto directo con la madre del menor para recabar detalles sobre lo ocurrido.
Un día después, el 13 de febrero, se sumó una nueva denuncia contra el mismo policía. En esta oportunidad, el hermano del menor, de 29 años, denunció haber sido detenido y golpeado. La madre se comunicó nuevamente con el Comité, informándole que el médico del hospital local se negó a realizar un examen médico que constatara las lesiones de su hijo tras recuperar la libertad.
Según el testimonio de la madre, el profesional de la salud tampoco quiso entregar un informe sobre el estado del joven. Ante esta situación, el Comité intentó comunicarse con el médico, pero la enfermera de turno se negó a pasarle la llamada.
Ante la falta de respuestas, se recurrió a la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Slusar, quien, tras ser informada de los hechos, inició dos expedientes judiciales y solicitó intervención en el hospital para garantizar la atención médica a la víctima.
“Vamos a avanzar en las acciones necesarias para que cese la brutalidad policial contra los habitantes de Taco Pozo”, resaltó la presidenta del Comité, Bashé Charole. Añadió que la situación de violencia institucional que padece la población de dicha localidad es “una vergüenza” y calificó de “cobardes” a los efectivos de la policía chaqueña que fueron denunciados por maltratar y torturar a las infancias.
Tras pedir la contundente intervención del Órgano de Control Institucional ante esta grave situación, mostró su descontento por el accionar judicial. “No entendemos la actitud del juez que primero hace lugar, pero luego rectifica y permite la impunidad de las acciones dirigidas por el comisario. Esto no es lo que la sociedad espera de nuestros magistrados”, cerró.