“Ser legal es respetar la Constitución nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores”, dice el documento de la CGT que fue leído este mediodía en el marco de la marcha convocada a plaza Lavalle frente al palacio de Tribunales por la central obrera y otras organizaciones sociales, gremiales y políticas.
Ante la masiva manifestación que colmó la zona de Tribunales, el documento leído por una locutora señala: “Vinimos hoy a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor el Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU”.
En esa línea, agrega que “frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República”.
“Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia”, destaca el texto.
En el comienzo del documento, la central obrera señala que “el presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte”.
“Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, sentenció.
Asimismo, advierte que “el orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado”.
“No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral”, agrega.
Y continúa: “Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario”.
Para la CGT, el DNU 70/2023 “está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Télam