La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, por los presuntos delitos que se les imputan a los religiosos en perjuicio de 44 mujeres -la mayoría de ellas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución, entre 1972 y 2015.
El pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue presentado ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Daniel Rafecas.
Los imputados son cuatro sacerdotes, tres de los cuales ocuparon el cargo de “Vicarios Regionales” y otro el de “Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres”, dentro de la
estructura jerárquica de la organización católica.
Según la investigación, el proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales.
Una vez ingresadas como se las sometía a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral”, y si mostraban vocación para ser “numerarias auxiliares”- categoría compuesta
exclusivamente por mujeres- eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres.
Una vez allí, debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación, sometidas a distintos tipos de violencia. En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían.
Luego de haber sido captadas, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior.
Noticias Argentinas