Con la medida, al finalizar el procedimiento de venta de la compañía y transferencia a una empresa privada, “el Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, indicó el portavoz oficial.
Según Adorni, el mandatario tomó la decisión durante esta tarde. La medida ya se había anunciado en octubre de 2024, pero finalmente se oficializó durante esta tarde, con un decreto que ahora resta ser publicado en el Boletín Oficial.
Belgrano Cargas y Logística S.A es una de las ocho empresas estatales que habían quedado sujetas a ser privatizadas por la gestión libertaria, tras permanecer en el texto final aprobado de la “Ley Bases”. Muchas otras quedaron fuera de esa redacción, en el marco de aquella dificultosa negociación que cerró el Gobierno con los bloques aliados y de la oposición.
Según explicó Adorni el año pasado, la compañía necesitó de 112 millones de dólares financiados por el Estado nacional para operar y que, pese a ese déficit, “la distancia media transportada hoy es de 500 km, exactamente la misma que se transportaba hace 50 años en la República Argentina”, afirmó.
El Gobierno cuestiona una presunta falta de eficiencia de la compañía pública. Entre los fundamentos señalados, deslizó que “el límite de cantidad de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009”, mientras que durante las últimas cinco décadas “la producción agrícola -que representa el 60 por ciento de la carga transportada- se multiplicó por cinco” veces.
Con el decreto de privatización, el Poder Ejecutivo aspira a concretar la primera privatización de una empresa ferroviaria que pertenece al Estado en la era Milei, con la intención de iniciar un camino en el que “todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar”.
“Sin la intromisión inútil del Estado, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia”, dijo Adorni, durante la conferencia de prensa de octubre.
Según lo que se había informado previamente, la intención oficial es que cada una de las tres líneas ferroviarias que opera Belgrano Cargas se balcanice en siete procesos de concesión diferenciados. El esquema responde a los siguientes criterios: una concesión por la vía con derecho a cobro de peaje; dos concesiones de locomotoras -para incentivar la competencia, y que incluirá a sus respectivos conductores-; dos concesiones de vagones; y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados.
Además, se precisó que la propuesta de privatización, que estará a cargo del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, apunta a una “concesión de infraestructura de acceso abierto”. Es decir, el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, con el objetivo de evitar conductas monopólicas.
De acuerdo a la propuesta inicial, lo único que continuará siendo propiedad del Estado nacional son las tierras y las vías ferroviarias.
La empresa fue creada en junio de 2013 por la expresidenta Cristina Kirchner para agrupar las tres principales líneas de transporte de cargas que operan en la Argentina: la Línea Belgrano, la San Martín y la General Urquiza. Esta red ferroviaria atraviesa 17 provincias del noroeste y centro del país, por lo que cumple un rol de conectividad fundamental en el transporte de granos que tienen como destino la exportación.
Además del Belgrano Cargas, otras empresas estatales que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases son Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Infobae