El organismo que asiste técnicamente a los legisladores elaboró un informe sobre el costo fiscal que tendría la vuelta del incentivo a los docentes, reclamado por la oposición.
En la última reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en plenario con Presupuesto y Hacienda, avanzaron cinco dictámenes respecto de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que el Gobierno nacional decidió dejar de pagar desde el comienzo de este año.
Del estudio elaborado por el organismo de asistencia técnica a los legisladores se desprende que se trataría de un gasto equivalente al 0,21% del PIB, que representa $1.294.770 millones. “Si se realiza el supuesto de no considerar la inflación del último trimestre de 2023 y se aplica la inflación mensual de 2024, el gasto se estima en 0,16% del PIB”, agrega.
Esto tiene en cuenta que las iniciativas, que establecen la prórroga por diferentes plazos para el FONID, hablan de abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual.
La OPC recordó que el FONID fue creado para el “mejoramiento” de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable, y fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el Presupuesto Nacional, pero durante este año no se realizaron pagos por estos conceptos.
“En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una participación de 0,18% del PIB. En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto, entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad”, detalla el informe.
En caso que se restituyera el FONID, según las proyecciones para este año, los importes individuales oscilarían entre $43.994, en enero, y $ 90.786, en diciembre. “Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes”, sumó el organismo.
La Ley 25.053, promulgada el 10 de diciembre de 1998, estableció la creación del FONID, que tenía como objetivo principal el mejoramiento de la retribución de los docentes de todo el país, tanto de gestión estatal como privada subvencionada.
El FONID fue creado inicialmente por el término de cinco años, aunque fue prorrogado sucesivamente por distintas leyes y decretos de necesidad y urgencia. La última prorroga se realizó mediante el DNU 88/2022 por el termino de dos años a partir del 1ro. de enero.
La OPC indicó que en 2023 los gastos asociados al FONID “tuvieron una participación de 0,18% del PIB”. Durante 2024, al 24 de mayo se devengaron $47.456 millones, de los cuales se pagaron $3.683 millones a las provincias de Santiago del Estero ($1.525 millones), Misiones ($1.476 millones), La Rioja ($397 millones), Catamarca ($227 millones), Corrientes ($47 millones) y Chubut ($12 millones), montos correspondientes a pagos adeudados del año 2023.
“Esto implica que, en términos prácticos, durante 2024 no se realizaron pagos ni por FONID ni por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”, aclaró la OPC.
En lo que respecta a los beneficiarios del FONID, según los registros obrantes en la Secretaría de Educación, en el último trimestre de 2023 una media mensual de 1.147.852 docentes (1.558.341 cargos contemplados) recibieron estos fondos pertenecientes a los cuatro niveles educativos: inicial, primario, secundario y superior, cuyo monto promedio mensual por persona en concepto de FONID fue de $25.000.
Parlamentario