El Presidente dijo que el Gobierno trabaja en una iniciativa para limitar el gasto cuando se consuman las partidas autorizadas. La propuesta toma como referencia el mecanismo estadounidense, donde la falta de financiamiento puede paralizar áreas no esenciales de la administración pública.
El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el sistema que rige en Estados Unidos cuando se agotan o vencen las partidas presupuestarias. “Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, afirmó el mandatario durante una entrevista.
La definición llegó en el marco de una explicación más amplia sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En este contexto, Milei sostuvo que el Gobierno ya tiene una “versión unificada” de la iniciativa y apuntó contra el esquema actual de la autoridad monetaria, al que calificó como “un insulto al intelecto” por tener “cinco objetivos” de política económica. En esa línea, anticipó que se buscará prohibir de manera explícita, y con sanciones penales, que el Banco Central financie al fisco.
“¿Emitir podría ser penado? Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo el Presidente. Según explicó, la reforma podría incluso apoyarse en artículos ya existentes del Código Penal.
En ese mismo tramo de la entrevista, Milei vinculó la independencia del Banco Central con una regla más estricta sobre el gasto público. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, señaló. Ante la consulta sobre si ese mecanismo sería impulsado por ley, respondió que “sí, estamos trabajando en ello”.
Qué es un shutdown en Estados Unidos
En Estados Unidos, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento. En ese caso, las agencias federales sin fondos deben suspender actividades no esenciales, mientras que las funciones críticas continúan operativas.
El antecedente más recordado ocurrió durante la primera presidencia de Donald Trump. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el gobierno federal atravesó un cierre parcial de 35 días por la falta de acuerdo sobre el financiamiento del muro con México. La parálisis afectó a unos 800.000 empleados federales, entre trabajadores suspendidos y personal esencial que siguió trabajando sin cobrar.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, aquel cierre demoró u$s18.000 millones en gasto federal y recortó en u$s11.000 millones el nivel de actividad. Si bien la mayor parte se recuperó, unos u$s3.000 millones quedaron como pérdida permanente.
El caso volvió a quedar en el centro de la escena entre octubre y noviembre de 2025, cuando Estados Unidos atravesó un shutdown de 43 días, el más largo de su historia. Según reportaron agencias internacionales, el cierre afectó el pago a cientos de miles de empleados federales, generó demoras en vuelos, complicó programas de asistencia alimentaria y paralizó parcialmente servicios públicos. En 2026 también hubo un cierre parcial más breve, de cuatro días, que fue resuelto con una nueva ley de financiamiento.
En Argentina, un esquema de este tipo requeriría una ley específica, ya que el sistema actual no prevé un apagón automático del Estado si no se aprueba el Presupuesto. La Ley de Administración Financiera establece que, si al inicio del ejercicio no hay una ley de Presupuesto aprobada, rige la del año anterior con ajustes. Además, las cuentas presupuestarias se cierran el 31 de diciembre y, después de esa fecha, no pueden asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio vencido.
Por eso, la variante local que analiza Milei apuntaría más bien a impedir que el Poder Ejecutivo siga comprometiendo o devengando gastos cuando una partida se agota, salvo para áreas exceptuadas o servicios esenciales. En los hechos, implicaría trasladar al plano local una regla de cierre por falta de autorización presupuestaria, pero adaptada a un sistema argentino donde la prórroga del presupuesto evita, hasta ahora, una parálisis automática de la administración pública.
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