Organizada por el CEJ, esta actividad tuvo como expositor a Germán Martín, fiscal de adolescentes de Neuquén, quien abordó el tema “Rol del Ministerio Público Fiscal: institutos alternativos y el rol de la víctima. Cesura del juicio y política criminal”. Estuvieron presentes Iride Isabel Grillo, jueza del STJ del Chaco y directora del CEJ y Alicia Alcalá, titular del MPD, además de más de 600 magistrados/as y funcionarios/as de poderes judiciales de todo el país.
Vilma Almirón, jueza penal juvenil de Resistencia, presentó al disertante y destacó la notable convocatoria que concita el ciclo de capacitación, que en el encuentro de hoy reunió a más de 600 asistentes.
“Estamos en buenas manos”
Grillo agradeció a los capacitadores del ciclo y a Vilma Almirón por compartir “estos ámbitos de desafíos, coraje, firmeza y prudencia”. Además, ponderó la exposición de Martín y valoró la importancia de la capacitación en este tema, en especial para “quienes estamos en instancias de revisión de cada una de las decisiones que ustedes adopten”.
“Como constitucionalista no quiero dejar de decir algo: esta normativa es corregible, revisable, falible, perfectible; es una obra humana, con debilidades y fortalezas”. Luego aseveró que “esta cuestión nos exige un desafío mayor, en términos de su aplicación, con prudencia, razonabilidad y justicia”. Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la supremacía constitucional en la aplicación de esta normativa: “Esta normativa no es ley suprema de la Nación. Ninguna legislación de fondo, de forma o especial ordinaria, por más importante que sea, por más que tienda a dar respuestas a temas muy sensibles, forma parte del catálogo de leyes supremas al que alude el artículo 31, en su versión original de la Constitución Nacional, aún vigente”, aseveró.
Luego insistió: “Los abogados y abogadas vamos por la normativa constitucional y convencional suprema”. “En estas últimas décadas de estudios intensivos y capacitaciones, fuimos un país a la vanguardia en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, que han sido fortalecidos en nuestra democracia”, afirmó. “Estoy segura, como constitucionalista, como ciudadana soberana y como jueza, de que estamos en buenas manos. Son las manos de la Justicia las que van a saber cómo decidir y cómo dar justicia en cada caso sometido a nuestro conocimiento y decisión. Y sé que estamos en buenas manos”, concluyó.
“Conversar sobre la política criminal detrás del texto”
Martín propuso analizar la Ley 27.801 “por lo que dice, lo que no dice y lo que deroga. Y empezar a conversar sobre la política criminal que hay detrás del texto”.
También reflexionó sobre la exigencia de adecuación procesal y jurídica que demanda la implementación de la normativa. “La idea es realizar un recorrido panorámico por la ley, tomar los ejes transversales y sus principios rectores generales”, expresó, al plantear que “es la ley que tenemos”.
Además, se refirió al proyecto provincial de adecuación a la ley en Neuquén y a la posibilidad de que esa iniciativa resulte de utilidad para otras provincias.