“El sistema de protección se activa cuando existe una vulneración de derechos, ya sea de niños, adolescentes o adultos mayores”, sostuvo. En ese marco, explicó que el objetivo central es preservar el centro de vida y los vínculos familiares. “Queremos evitar la institucionalización; primero se agotan todas las instancias con la familia y referentes afectivos de la comunidad”, aclaró.
Samudio señaló que en cada caso se conforma un plan de acción con la intervención de equipos interdisciplinarios, que incluyen psicólogos, trabajadores sociales y articulación con los sistemas de salud y educación. “No trabajamos de manera aislada, sino coordinadamente con la Justicia. La familia es la primera en garantizar los derechos, pero cuando no puede hacerlo, el Estado debe acompañar”, remarcó.
Consultado sobre el reciente caso de desaparición de una adolescente de Presidencia de la Plaza, quien tras varios días de búsqueda fue hallada sana y salva, el funcionario explicó que el área se limita a colaborar mientras dure el proceso. “No intervenimos en la investigación, solo acompañamos. Una vez concluida, trabajamos en lo que nos corresponde como subsecretaría”, señaló.
El funcionario también se refirió al funcionamiento de los hogares provinciales, donde actualmente residen niños y adolescentes bajo medidas excepcionales. Destacó la instalación de cámaras de seguridad, la capacitación permanente del personal y la búsqueda de espacios alternativos que permitan a los jóvenes desarrollar una vida lo más cercana posible a un ámbito familiar.
Por último, remarcó la importancia de la corresponsabilidad social. “La familia es la unidad básica de toda sociedad, pero también la comunidad y el Estado tienen la obligación de garantizar derechos. Hoy vemos más consultas y denuncias, lo que demuestra una sociedad más activa y comprometida”, concluyó.