Rosatti, presidente del Máximo Tribunal, enumeró en el escrito una serie de vicios procedimentales. “Se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, dice el escrito al que accedió PERFIL. Esas irregularidades, agrega, afectan la validez y la eficacia del proceso.
De acuerdo con lo que planteó Rosatti, “se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando ello resultaba ineludible”. Además, se requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, “incurriendo en violación del secreto fiscal”.
Como tercer punto, Rosatti cuestionó la incorporación de prueba que “había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal”, al tiempo que “se cometieron ilicitudes en los interrogatorios a testigos”. Respecto de lo último, señaló que se le hizo saber a testigos que serían denunciados penalmente por reticencia o falso testimonio; también que se le impidió la participación del abogado de un testigo al que interrogaban sobre hechos investigados en una causa penal.
Más adelante, el presidente de la Corte respondió uno por uno los hechos imputados por la Comisión de Juicio Político. Respecto de haberse autovotado para presidir el Máximo Tribunal, dijo que no fue denunciado en ninguno de los pedidos de juicio político declarados admisibles y que “los jueces del Tribunal tienen la posibilidad de votarse a sí mismos”.
Por otro lado, respecto de su supuesta colaboración con el “descrédito institucional” del Poder Judicial a partir de las supuestas conversaciones entre el director de su vocalía, Silvio Robles, y el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. “Para refutar este cargo basta simplemente señalar que las supuestas conversaciones a las que se alude fueron consideradas inválidas por su presunto origen ilegal en el proceso judicial en el que fueron investigadas”, manifestó Rosatti.
“Como consecuencia de la declaración judicial de invalidez de esas supuestas conversaciones, no se ha podido indagar acerca de su veracidad, por lo que no resulta posible saber si las imágenes difundidas son producto de una maquinación fraudulenta”, agregó respecto de ese punto.
Las críticas de Rosenkrantz
Por su lado, Rosenkrantz planteó de entrada que las denuncias por mal desempeño en su contra se sustentan, en su mayoría, “en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”. Para el cortesano, “la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario”.
En duros términos, el ministro del Máximo Tribunal contestó el traslado de la Comisión con críticas a los hechos que le imputan.
En sintonía con lo planteado anteriormente, agregó: “Es evidente que se pretende enjuiciarme porque dicté sentencias, o escribí votos, que contrarían las preferencias ideológicas o políticas de algunos o muchos de los diputados y, quizá, de aquellos a quienes ellos representan. Ni las denuncias formuladas, ni los cargos provisorios enumerados en la documentación acompañada con el oficio que me fuera remitido, me imputan la comisión de delito alguno”.
El juicio político se sigue en el Congreso por impulso del Frente de Todos. Allí se los cuestiona a los supremos por el fallo del 2×1 que benefició a los genocidas condenados de la dictadura, la decisión sobre coparticipación que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura, que elevó la cantidad de integrantes.
“No queda más que interpretar que se ha subordinado el curso de estas actuaciones al cumplimiento de una finalidad de política agonal extraña al procedimiento”, añadió Rosenkrantz.
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