El 27 de diciembre de 2024, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, había concedido la libertad condicional a Losito al considerar que ya había cumplido dos tercios de su condena a prisión perpetua —unos 20 años— y que, según el informe del Equipo Interdisciplinario de la Cámara de Casación, existían elementos que permitían evaluar positivamente su proceso de rehabilitación.
Sin embargo, el fallo fue apelado por la Fiscalía Federal, que interpretó de forma distinta el informe técnico, señalando que Losito no había mostrado una comprensión genuina del daño provocado ni una aceptación de responsabilidad sobre los hechos por los que fue condenado. También cuestionó la falta de valoración adecuada de la voz de las víctimas y sus familiares, y subrayó la necesidad de un análisis más riguroso al tratarse de delitos de lesa humanidad que afectan a toda la sociedad y a la comunidad internacional.
En sus fundamentos, el juez Slokar sostuvo: “Se observa una desconsideración a las víctimas en el escueto tratamiento dado en la resolución impugnada. No fueron analizadas ni sopesadas las opiniones incorporadas, en la dimensión que provocan la revictimización, el dolor y la angustia de los familiares; con el otorgamiento de la libertad condicional a quien asesinó y, en algunos casos, incluso hizo desaparecer los cuerpos de sus seres queridos, y que no ha demostrado ningún tipo de progreso en comprender la dimensión del daño provocado ni la sanción impuesta”.
La jueza Ledesma coincidió, y agregó que del informe del Equipo Interdisciplinario no surge con claridad un pronóstico favorable de reinserción. Por el contrario, indicó que Losito relativizó su responsabilidad penal, calificó erróneamente los hechos como delitos que no serían de lesa humanidad y justificó su accionar por el contexto histórico y su condición de militar, dificultando así una valoración adecuada de su implicancia subjetiva.
Cabe recordar que, el pasado 27 de enero de 2025, el ministro de Defensa, Luis Petri, dispuso la baja de Losito del Ejército, en cumplimiento de la sentencia firme de la Corte Suprema que, además de la prisión perpetua, le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.