La decisión fue firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes dieron marcha atrás con los sobreseimientos dispuestos previamente por Daniel Rafecas.
Además de Aguad, los exfuncionarios investigados son Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete; Francisco Canese Méndez, ex asesor del ENACOM; la ex funcionaria Justina Ponferrada; Miguel De Godoy, expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); Jorge Luis Camps; Juan Manuel Mocoroa, exdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, y el abogado Juan Manuel Cañada.
La causa
Daniel Vila denunció la existencia de presiones oficiales durante el gobierno de Macri para que desistiera de una medida cautelar que había iniciado ante la Cámara Federal de Mendoza y liberara el espectro radioeléctrico adjudicado a Arlink SA. Según dijo públicamente, el objetivo de la Casa Rosada era beneficiar a otra empresa en la prestación de servicios de comunicaciones 4G.
El empresario declaró que el propio Mauricio Macri le pidió que desista de esa cautelar bajo la promesa de ayudarlo a vender sus compañías. Afirmó que al negarse, sufrió represalias judiciales y administrativas.
La defensa del Estado a cargo de Oscar Aguad sostuvo que las medidas adoptadas por el Estado respondían a incumplimientos contractuales de Arlink. El juez Rafecas sobreseyó a los señalados al afirmar que el conflicto no correspondía al fuero penal sino a la órbita administrativa y política.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión. “Las medidas realizadas hasta aquí parecen respaldar los datos objetivos aportados […] Sin embargo, poco se avanzó para conocer si esos extremos enmarcan dentro de la hipótesis penal”, argumentaron.
Los camaristas ordenaron tomar declaraciones testimoniales a David Martínez (socio de Vila) y Arturo Elías Ayub (ejecutivo vinculado a América Móvil), entre otras medidas de prueba.
Los imputados quedaron ahora encuadrados bajo la figura de la “falta de mérito”, presente en el artículo 309 del Código Procesal Penal, que implica que por el momento no hay pruebas suficientes ni para procesarlos ni para desvincularlos definitivamente de la causa.
Página/12