La investigación, que comenzó hace más de un año, tenía como objetivo comprobar la existencia de un establecimiento rural en la localidad de Mercedes donde, según denuncias, se mantenía a empleados en condiciones precarias. Tras una labor minuciosa, los efectivos verificaron que la estancia dedicada a la cría de ganado bovino y porcino carecía de agua potable, señal telefónica, electricidad, transporte y elementos básicos de seguridad para los trabajadores.
En este contexto, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Ricardo Mianovich, con la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Ricardo Esteban Torres y la intervención de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, bajo la responsabilidad de Aníbal Martínez, ordenó el allanamiento del establecimiento y de un domicilio ubicado en la capital provincial.
Durante el procedimiento, la Autoridad Marítima nacional identificó a las presuntas víctimas, quienes fueron asistidas y entrevistadas por profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Además, fue notificada la propietaria de la estancia, a quien se le fijó audiencia indagatoria.
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