El contador Daniel San Cristóbal analizó el régimen simplificado de Ganancias impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que, aunque suele presentarse como un blanqueo, “técnicamente no lo es”. Explicó cómo funciona el sistema, cuestionó los controles sobre el origen de fondos y vinculó el debate con el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la rectificación de su declaración jurada.
El régimen simplificado de Ganancias volvió al centro del debate público luego de que funcionarios nacionales adhirieran al sistema previsto en la denominada ley de “inocencia fiscal”. Para el contador Daniel San Cristóbal, se trata de una herramienta pensada para incorporar dólares no declarados al circuito económico, aunque advirtió sobre sus implicancias fiscales y los interrogantes que abre en materia de control estatal.
En los estudios de CIUDAD TV, San Cristóbal explicó que el régimen fue impulsado inicialmente mediante decretos y resoluciones, hasta consolidarse legalmente a fines del año pasado. Según señaló, la medida responde a un objetivo económico del Gobierno nacional: incentivar el ingreso al sistema formal de ahorros en dólares mantenidos fuera del circuito financiero.
“El objetivo fundamental del Gobierno es que la gente saque el canuto, deje de ahorrar en dólares, lo ponga en el sistema y lo ponga en actividad económica”, sostuvo.
El contador vinculó esta estrategia con la política monetaria oficial y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Como tiene una política contractiva de la emisión monetaria, ve como oportunidad que, en vez de emitir pesos, se active mediante la extracción de la gente del canuto y lo ponga a invertir”, afirmó.
“Técnicamente no es un blanqueo”
San Cristóbal indicó que, aunque el régimen suele ser presentado públicamente como un blanqueo, desde el punto de vista técnico tiene otro funcionamiento.
“Se lo denomina como un blanqueo, se lo trata como un blanqueo, pero técnicamente no es un blanqueo. En realidad es un tapón fiscal”, explicó.
Según detalló, el sistema simplifica la declaración jurada de Ganancias eliminando algunos componentes patrimoniales y, si el contribuyente cumple correctamente hacia adelante, genera una protección sobre períodos fiscales anteriores.
“Si yo presento la declaración del 2025 simplificada y esa obligación la cumplo bien, produce un tapón fiscal, un bloqueo hacia atrás”, señaló.
De esa manera, explicó que personas con dinero no declarado de ejercicios anteriores podrían exteriorizarlo sin que se revisen períodos previos, siempre que no existan inconsistencias posteriores. “Es un perdón fiscal en la medida que yo de acá para adelante cumpla”, resumió.
No obstante, advirtió que el sistema aún presenta dificultades operativas y regulatorias. “Es inestable el sistema, tiene errores en su redacción”, afirmó, al señalar que todavía se discuten adecuaciones legales para resolver inconsistencias vinculadas al control del origen del dinero.
El caso Adorni y la sospecha sobre funcionarios
Durante la entrevista, San Cristóbal se refirió al impacto político del tema tras conocerse la adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al régimen y la rectificación de su declaración jurada patrimonial.
“Es la primera vez que escucho que alguien va a rectificar esa declaración jurada. Rectificar quiere decir que mentí antes”, sostuvo.
El contador consideró que la situación adquiere mayor relevancia debido al rol institucional del funcionario. “El jefe de Gabinete es el funcionario con mayor poder político del país y poder económico, porque administra el presupuesto del Estado”, afirmó.
En ese sentido, planteó que la permanencia del funcionario en el cargo podría afectar la credibilidad de eventuales investigaciones, debido a la relación funcional de organismos de control con la Jefatura de Gabinete.
“Aun pensando en la honestidad del funcionario, lo mejor que puede pasarle al país es que se corra y demuestre, sin ejercicio del poder, cuál es su situación”, expresó.
San Cristóbal sostuvo además que la legislación ofrece cobertura tributaria sobre determinados impuestos, aunque aclaró que no protege posibles inconsistencias en declaraciones juradas previas ni otros aspectos vinculados con el origen de los fondos.
Presión fiscal y caída de la actividad
Más allá del debate político, el profesional también vinculó el régimen con la situación económica actual y advirtió sobre dificultades crecientes para empresas y contribuyentes.
“Nuestras empresas, nuestros clientes, los contribuyentes y sus trabajadores están pasando un momento difícil porque hay un nivel importante de caída de la actividad económica”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la presión fiscal sobre sectores registrados y el incremento de ejecuciones por deudas impositivas. “El Estado va a ejecutar violentamente a miles y miles de contribuyentes”, sostuvo.
Para San Cristóbal, existe un contraste entre el alivio ofrecido a quienes no tenían fondos declarados y las exigencias que enfrentan quienes cumplen regularmente con sus obligaciones. “El Estado está cazando en el zoológico, está atacando a las personas que están registradas hoy”, expresó.
Finalmente, consideró que el debate en torno al régimen simplificado y las declaraciones patrimoniales de funcionarios nacionales no solo abre discusiones legales y tributarias, sino también interrogantes políticos sobre los mecanismos de control y transparencia del Estado.