Los mandatarios ponen la lupa sobre el trazo fino del proyecto que el Gobierno remitió al Congreso nacional para su tratamiento. Dudas sobre el impacto sobre fondos para las provincias.
Mientras la Casa Rosada avanza con el programa de reformas de Javier Milei, los gobernadores levantan la guardia y se alistan para discutir el trazo fino de los proyectos. En concreto, dentro de la batería de iniciativas que el Ejecutivo girará para su tratamiento al Congreso, los caciques ponen la lupa en la reforma tributaria. La misma está repartida en los textos de modernización laboral y de Presupuesto 2026 e incluye modificaciones en Ganancias y en otros impuestos coparticipables.
La administración libertaria pretende una rebaja de alícuotas de 35 a 31.5 “Será un 0.2 del PBI, mitigado si la economía crece. De eso, una parte es de provincias y la otra es Nación, mitad cada uno aproximadamente”, detalló a Ámbito un ministro de una importante provincia.
La propuesta eliminaría los impuestos cedulares aplicados a la renta financiera de fuente argentina, incluyendo acciones sin cotización, obligaciones negociables, ADRs y otros instrumentos equivalentes, así como también los impuestos cedulares aplicados a la venta de inmuebles adquiridos desde 2018, lo que implica también la eliminación del ITI.
Lo cierto es que los gobernadores dialoguistas venían reclamando de antaño una reforma tributaria. Varios de ellos, incluso, pusieron sobre la mesa la necesidad de rediscutir la coparticipación federal. Por caso, el mendocino Alfredo Cornejo había asegurado que la iniciativa “tiene que estar atada a una modificación de la coparticipación federal. Hay provincias que no tienen ningún incentivo para fomentar la actividad privada”.
“La Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo, sino que lo desincentiva. No promueve la inversión, que es la clave del crecimiento, ni las exportaciones. Tiene impuestos altos sobre el trabajo y sobre las exportaciones. No premia la reinversión”, aseguró el líder cuyano durante el coloquio de IDEA, en octubre pasado.
En los últimos días, Nación reactivó los contactos con los jefes provinciales. Este jueves, por caso, el ministro del Interior, Diego Santilli, junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvieron un encuentro con Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan). Antes, pasó por Balcarce 50 el salteño Gustavo Sáenz. Se trata, en todos los casos, de mandamases dialoguistas, dispuestos a prestar respaldos para el oficialismo en diversos proyectos.
Sáenz llegó a la reunión apremiado por las urgencias de los municipios, que le solicitaron ayuda a la provincia para hacer frente al pago de los aguinaldos.
Aprovechando su desembarco porteño, Jalil y Sáenz, junto al jujeño Carlos Sadir, mantuvieron una reunión de trabajo con Dominic Barton, presidente del Board de Río Tinto, y Jérôme Pécresse, director ejecutivo de Aluminium & Lithium, en su primera visita a la Argentina. En la misma, analizaron el avance de Rincón Lithium, la mayor inversión en litio aprobada bajo el RIGI, que se desarrolla en la Puna salteña y consolida al NOA como un eje estratégico en la producción de minerales críticos.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo viajó este jueves a Neuquén y se reunió con el mandatario Rolando Figueroa, quien le solicitó la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural -particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción – dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)”.
El líder patagónico consideró que, de aplicarse, “promovería más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia” y que “permitiría contribuir significativamente al superávit de la balanza energética, garantizar mayor recaudación fiscal nacional y provincial y fortalecer la integración energética regional con Chile, Brasil y Uruguay”.
“Gracias, Rolo, lo vamos a evaluar”, respondió en redes sociales Caputo.
Polémica por el tratamiento de la reforma laboral
A la par, un grupo de legisladores advirtió que la reforma laboral, que incluye un capítulo impositivo y que deroga leyes tributarias, debe ingresar por la Cámara de Diputados y no por el Senado, como pretende el Gobierno.
“La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados”, advirtió la senadora Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal.
Acto seguido, aclaró que “cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”.
La legisladora jujeña explicó que “antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar que el proceso sea constitucional. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento”.
“Sostengo que el Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral (artículo 75 inciso 12), que rige el principio de progresividad y que las modificaciones deben ser razonables, proporcionales y orientadas a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social”, agregó.
En la Casa Rosada descuentan que habrá apoyo de las provincias al Presupuesto 2026. La reforma laboral, en tanto, aparece más engorrosa en el horizonte.
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