El llamado a rediscutir 800 actividades se paralizó a poco de andar por una reglamentación que logró unir a los convocados de sindicatos y empresas. El daño inminente a las finanzas de unos y otros, pensado por Sturzenegger para debilitarlos y reducir “costos extrasalariales” amenaza con convertir buena parte de la reforma laboral en letra muerta.
La promocionada renegociación de 800 convenios colectivos de trabajo a partir de la vigencia plena de la reforma laboral entró en punto muerto antes de arrancar. Tanto los sindicatos como las cámaras empresarias y desde el propio Gobierno le reconocieron a El Destape el fracaso de la convocatoria, que tuvo apenas un puñado de respuestas módicas, y lo atribuyeron a una reglamentación dictada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que de acuerdo a estas versiones sufriría de un exceso de regulacionismo.
La revisión de los convenios quedó establecida en el decreto 407/26 con las firmas de Javier Milei, Sturzenegger, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni. La norma, destinada a reglamentar la ley 27.802 de reforma laboral, fijo el inicio de las conversaciones para el 1 de julio y emplazó a la Secretaría de Trabajo a lanzar esa convocatoria. De acuerdo al texto original del decreto la renegociación quedaría centrada en el fin de la ultraactividad de las cláusulas “obligacionales” de los convenios, es decir la pérdida de vigencia forzada de puntos de acuerdo no salariales entre empleadores y sindicatos.
La modalidad del llamado apuntaba originalmente a obligar la revisión de todos aquellos ítems relacionados con aportes y contribuciones de empresarios y trabajadores a favor de sindicatos, obras sociales e instituciones gremiales patronales. Pero la extensión de la reglamentación hecha bajo la instrucción de Sturzenegger tomó tal amplitud que la convocatoria habilitó implícitamente la discusión de condiciones laborales y otros puntos críticos de los convenios colectivos, explicaron los protagonistas. Buena parte de los aportes consagrados por las “cláusulas obligacionales” derivan en “cuotas solidarias” de trabajadores no afiliados a sindicatos y empresas no asociadas a cámaras pero que constituyen fondos vitales para la subsistencia de ambas instituciones.
De los 800 convenios que el Ministerio de Capital Humano se encargó de anunciar en lo que va de julio apenas uno, el del sindicato de la Alimentación y las cámaras de esa industria, renegoció todas sus cláusulas vigentes a contramano de lo que pretendía el Gobierno, que era la caída de su vigencia con el alegado propósito de reducir costos extrasalariales. Y otro, el de la empresa de autopartes y electrónica Mirgor con el sindicato de mecánicos Smata avanzó hasta la implementación de un banco de horas pero sólo para compensar períodos de suspensiones, no para eliminar las horas extras como originalmente proyecto la reforma laboral.
Del resto de las actividades, ni noticias. Los funcionarios de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo a cargo de la convocatoria reconocieron la nula respuesta tanto de gremios como de cámaras patronales al llamado. La negativa se explica sobre todo en la reglamentación del tope de 2% para los aportes y contribuciones acordados en convenios colectivos a favor de los sindicatos y de 0,5% para entidades de empleadores. El decreto estableció que esos topes deberán aplicarse sobre los sueldos básicos sin incluir adicionales, horas extra y cualquier otro ítem que pudiera elevar el salario.
En muchas actividades el peso de los adicionales puede ser mayoritario en el ingreso total y, su eliminación del cálculo, representa un golpe letal para el funcionamiento de gremios y nucleamientos patronales. Para grandes sindicatos como Comercio, Camioneros, la Asociación Bancaria, Gastronómicos y Smata, entre otros, la “cuota solidaria”, como se le denomina a la retención que se le practica al trabajador no afiliado –la jurisprudencia internacional lo habilita porque se lo considera tan beneficiario de la gestión del gremio como el afiliado- es vital para su subsistencia.
Del mismo modo, las cámaras mercantiles como CAC y CAME comparten los beneficios de la contribución de las empresas no asociadas con destino al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), que en su oportunidad Sturzenegger tildó de “curro”. Otras, como la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) subsiste y se fortalece gracias a la cuota que percibe de las fábricas incluso no asociadas, un elemento que generó un litigio de años con la Asociación de Fábricas de Autopartes (AFAC).
El tope aplicado sobre los salarios básicos fue una “viveza criolla” de Sturzenegger que desnaturalizó el criterio más concesivo de la ley original que, a partir de una negociación del ala política del Gobierno con el PJ y los sindicatos, había generado una actitud menos confrontativa durante el debate legislativo. En otras palabras, si la ley le hacía un guiño a los sindicatos y las cámaras patronales porque dejaba a salvo su estructura financiera, la reglamentación rompió aquel pacto y desató el plan de lucha que lanzó la CGT, por un lado, y una oleada de amparos de gremios, por otro.
Los negociadores más veteranos de sindicatos y empresarios coincidieron en que el tope, ideado para debilitar las representaciones gremiales en las paritarias, corre el riesgo de romper con una inercia negociadora que lleva décadas en la Argentina y que hizo que ambas partes defendieran, en el mismo tono, el modelo sindical argentino en foros como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un paritario empresario lo explicó de manera descarnada: “si nos sacan los aportes y contribuciones que solemos acordar con los gremios sólo nos queda el salario por discutir y eso va a elevar los reclamos y el conflicto, necesariamente”. Y esa consecuencia, a priori beneficiosa para los trabajadores, va a contramano del espíritu con que Sturzenegger ideó la reglamentación, con la premisa de salarios a la baja.
El Destape