El último encuentro del Consejo de Mayo, órgano consultivo representado por integrantes del Gobierno, el Congreso, empresarios y gremios, mantenía la expectativa de dar prácticamente por concluída la discusión sobre la reforma laboral. Pero demostró que aún resta limar diferencias sobre el contenido de la reforma, especialmente entre la UIA y la CGT. Cuál podría ser el rol del Gobierno para acercar puentes.
Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Al final de la reunión, los primeros comentarios tuvieron que ver con la falta de acuerdo con Gerardo Martínez, integrante del Consejo de Mayo y secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Aunque algunos integrantes relativizan la idea de un debate con posturas “confrontativas” contra el sindicalismo, aseguran que “la Confederación General del Trabajo (CGT) “no plantea acuerdos en casi nada”. Fue el mismo Martínez quién, al cabo del encuentro realizado el miércoles en Casa Rosada, aseguró que “no hay consenso” para la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo porque no se conoce “cuál es el decreto, ni la letra ni grande ni chica de las distintas propuestas que pueda tener el Gobierno”.
Asimismo, dentro del Consejo de Mayo buscan desactivar versiones que indican un alto nivel de tensión entre las partes. Por el contrario, aseguran que las conversaciones se vienen dando en el marco de un buen clima de trabajo, aunque hay quienes reconocen que la filtración del contenido boceto generó cierto malestar entre los presentes, sobre todo por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente, Martín Rappalini, pidió expresamente que el documento sea confidencial.
“Nosotros somos un organismo consultor, no definimos la reforma. Cada uno lleva sus ideas, hace un aporte, y el Ejecutivo, con su impronta, es el que definirá”, explica el diputado por el partido PRO, Cristian Ritondo, buscando relativizar rispideces en diálogo con este medio.
Los puntos clave que miran el empresariado y la CGT
Desde la entidad representante del sector fabril respetan la decisión de Rappalini, pero reconocen que en la propuesta que sostiene, integrada por más de 100 ítems, la baja de la litigiosidad aparece como un punto central para considerar una negociación exitosa.
A pesar de que no se exhiben números concretos que dimensionen la magnitud de la problemática, afirman que “es muy alta” por más que la industria “haya bajado la siniestralidad”.
De todos modos, la UIA sostiene que la reforma laboral debe venir acompañada de cuatro factores para el buen funcionamiento industrial: sustentabilidad fiscal y externa, reducción de la inflación, normalización de la deuda comercial y cierre de la brecha cambiaria y baja del riesgo país.
A su vez, ponen la lupa en el crédito al sector privado, que en Argentina representa solo el 12% del PBI, mientras que en México el 35%, en Colombia 40%, mientras que Brasil el 76% y Chile el 103% del producto bruto interno.
Otro tema de peso en la discusión tiene que ver con la implementación de convenios colectivos por empresa y no por actividad, reduciendo la participación de los gremios en las negociaciones, punto que no encuentra voto afirmativo unánime ni siquiera dentro de los integrantes de la propia UIA.
Como se difundió a lo largo de las últimas semanas, el banco de horas extras, salarios dinámicos, beneficios impositivos al empleador, modificaciones en el régimen de indemnizaciones y la opción de cobrar el sueldo en moneda nacional o extranjera son iniciativas que también están en carpeta.
Del lado sindical, la disputa por la ultraactividad de los convenios colectivos –el principio que extiende la vigencia de las condiciones laborales aun después de vencido el acuerdo– vuelve especialmente ásperas las conversaciones, al tratarse de uno de los puntos más sensibles para las organizaciones gremiales.
Lo mismo sucede con la posible eliminación de los aportes sindicales obligatorios o la modificación de aportes a las obras sociales, medidas de especial interés por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hasta el momento, único intento del Gobierno de modificar el sistema de retenciones sindicales fue a través del DNU 70/2023, firmado en diciembre de 2023.
En su artículo 73, el decreto modificaba el inciso c) del artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para exigir “consentimiento explícito del empleado” para cualquier descuento de cuota sindical, aporte periódico o contribución.
Pero la nueva norma nunca entró en vigencia, puesto que en enero de 2024 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de todo el Título IV del DNU 70/2023, o sea el capítulo laboral, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El rol del Gobierno para sellar un acuerdo con el gremialismo
Desde el ámbito privado aparece cierta subestimación de la crítica gremial acerca de la reforma. Fuentes en diálogo con Ámbito esperan que la CGT “primero pueda generar acuerdos con el Gobierno sobre los puntos más espinosos” de la propuesta para luego destrabar las negociaciones con el sector empresarial.
Por eso les parece razonable a priori, dos cuestiones: la reacción del ámbito sindical y el diálogo entablado entre el asesor de Milei, Santiago Caputo, y el representante de la UCORA.
El plato frío que se servirá en la cena de fin de año de los industriales
Mientras tanto, la situación de la industria no muestra grandes avances. Según el último informe de la UIA, las estimaciones de octubre proponen un nivel similar al de septiembre (+0,3% en serie desestacionalizada) pero una baja de la actividad en torno a 2% en términos interanuales.
La cámara representante de la metalurgia, ADIMRA, se encuentra realizando viajes alrededor del país para relevar la situación del sector en las provincias de mayor peso industrial.
La intención es presentar un documento final a la entidad que nuclea Rappalini a los fines de registrar las problemáticas del sector y motorizar nuevas propuestas. Se esperan más detalles luego de la cena de industriales que se realizará en Tigre, el 13 de diciembre.
Ámbito